La planta Omniprint será investigada por los servicios técnicos del Consell de Mallorca.

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JOAN RIERA
El Consell de Mallorca ha abierto diligencias sobre la planta impresora Omniprint, situada en el polígono de Son Llaüt, después de la denuncia presentada por el concejal de Llucmajor y presidente de ASI, Joaquín Rabasco. Esta denuncia ha sido remitida al departamento de Disciplina Urbanística para que «actúe exactamente como lo hace en todos los casos parecidos conforme al principio de igualdad delante de la ley».

Ommiprint, donde se imprime el diario «El Mundo-El Día de Baleares», funciona sin licencia de apertura ni de actividad desde mayo de 2002 y, lo que todavía es más grave, el edificio rebasa los 16 metros de altura cuando el máximo permitido por la normativa vigente es de diez. Ante la denuncia de Rabasco, «el Consell no puede hacer otra cosa que actuar. Tenemos que saber qué ha pasado», afirmó ayer al conseller de Ordenació del Territori, Bartomeu Vicens.

La denuncia ha pasado a Disciplina Urbanística, que «actuará con criterios absolutamente técnicos», afirmó Vicens.

Uno de los primeros pasos será reclamar al Ajuntament de Santa Maria, gobernado por el PSM, toda la información que tenga en torno al asunto. Pocas cosas podrán averiguar los técnicos de Disciplina Urbanística con la documentación municipal, pues sólo puede aportar como aprobado el Plan Parcial de principios de los años noventa, donde se establece la altura máxima de diez metros.

A partir de aquí, nada en claro: ni proyecto de urbanización de Omniprint, ni final de obra, ni licencia de actividades. Hace unos años el equipo de gobierno municipal hizo un tímido intento para iniciar un procedimiento para que «en algunos casos» se permitiese una altura de 16 metros en Son Llaüt. El equipo de gobierno no osó ni concluir, ni aprobar el sorprendente procedimiento, ni mucho menos remitirlo al Consell.

Dadas las circunstancias de falta de documentación municipal, todo apunta a que Disciplina Urbanística acordará proceder a una inspección ocular de la planta de Omniprint SA. Esta sociedad está participada de manera íntegra por la compañía madrileña Unedisa y el grupo turístico fundado por Gabriel Barceló. Ambos son propietarios de la edición local de «El Mundo».

En el supuesto de que la falta de información municipal y la inspección de la nave hicieran ver irregularidades a los técnicos del Consell, el organismo abriría el correspondiente expediente de revisión de obras, que podría concluir con la orden de rebajar la altura del edificio hasta un máximo de diez metros.

La institución insular ya ha actuado y actúa en situaciones parecidas, sobre todo en construcciones en suelo rústico cuando éstas superan el tamaño y la altura permitidos por la ley. Es el caso de algunas intervenciones en Andratx y Santa Margalida, entre otras.