Y añadieron: «El uso público de la piscina está suspendido mientras se establece una regulación para la seguridad de todos los que usan esta instalación». Cuándo se inquirió si «nadie» afectaba también al propio Ramírez y familia, se insistió en que «nadie».
A raíz de la denuncia por «amenazas» presentada por el periodista contra las personas que anunciaron su intención de transitar este verano por la zona, Ultima Hora pidió al Ministerio que aclarara la situación jurídica de la polémica piscina. «No hay ninguna variación, y la servidumbre de paso no está afectada», explicaron desde el Ministerio de Medio Ambiente el pasado jueves, tres semanas después de haber recibido la pregunta.
El Ministerio de Medio Ambiente atendió la petición de este diario por su valor informativo, después que los representantes de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Esquerra Unida-Els Verds (EU-EV), Lobby per la Independència y los ecologistas de Gadma anunciaran que este verano volverán a ejercer su derecho de paso por la zona. Pedro J. Ramírez contestó al anuncio con una nueva querella criminal. El año pasado ya ordenó a su personal de seguridad que impidiera el paso.
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