De esta manera, la resolución del Alto Tribunal ratifica de forma definitiva que la franja de protección en Ses Covetes es de 100 metros, y desestima también la pretensión de la empresa promotora de permitir la legalización y conclusión de los 67 apartamentos levantados en dominio público.
Con esta sentencia ya son 14 las resoluciones desfavorables al interés de los promotores de ejecutar un proyecto inmobiliario que, al situarse en la franja de protección delimitada por el deslinde de costas, tiene muchas posibilidades de ser declarado ilegal en futuras sentencias.
Tras conocer el contenido del enésimo pronunciamiento judicial contra el mencionado y polémico proyecto urbanístico, el portavoz de Grup d'Ornitologia Balear i Defensa de la Natura (GOB), Miquel Àngel March, manifestó ayer a este diario que, a la espera de las resoluciones judiciales pendientes, «la batalla social está ganada y la jurídica también». March apuntó que la sentencia deja claro que la empresa promotora Marina Ernst «ha sido incapaz de demostrar que los terrenos donde se construyeron los apartamentos era urbanos cuando la Ley de Costas entró en vigor».
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