Más de 20 agentes de la Guardia Civil vigilaron por tierra y mar la casa de Pedro J. Ramírez en la Costa de los Pinos durante la rueda de prensa que ofreció ayer el diputado de ERC, Joan Puig, para mostrar su desacuerdo con la resolución del Ministerio de Medio Ambiente que «privatiza» la piscina del periodista. Según diversas fuentes, además de los agentes de uniforme y de paisano, había un amplio dispositivo en reserva preparado para intervenir en caso de que fuera necesario. Varios furgones y coches patrulla de la Guardia Civil estaban aparcados en las calles de las inmediaciones de la vivienda de Pedro J. y los agentes permanecieron estratégicamente colocados para impedir el acercamiento a menos de unos 30 metros de la piscina cuyo perímetro estaba precintado. A las fuerzas de seguridad del estado se sumó el servicio de vigilancia privada contratada por el periodista.
El baño en el mar también estaba prohibido. La regidora de EU-EV en Son Servera, Conxi Peña, puso los pies en el agua y fue advertida al instante de que no podía bañarse. Lo mismo sucedió a una bañista que, ajena a todo, y armada con careta y tubo contemplaba el fondo marino y fue invitada a alejarse de la zona por los agentes que vigilaban desde una zodiac. En la rueda de prensa además de Joan Puig participaron el presidente de Esquerra en Balears, Joan Lladó; el portavoz de Alternativa EU-EV, Miquel Àngel Llauger; la regidora de esta coalición en Son Servera, Conxi Peña; el dirigente del Lobby per la Independència, Jaume Sastre y el portavoz de Gadma, Bernat Fiol. Los asistentes mostraron su «indignación» por la resolución que «privatiza» la piscina. Este documento suspende el uso público de esta zona y lo regulariza en base a un proyecto presentado por el periodista que plantea aprovechar el agua del mar convirtiendo la piscina en una instalación «ecológicamente sostenible» y que podrá ser visitada por grupos de 10 escolares de Son Servera en los meses de mayo, junio, septiembre y octubre.
En este sentido, Joan Puig, informó que el abogado del Estado advierte en el escrito que «debe haber una zona para garantizar el derecho de paso» y que, además, «apunta que fuera del periodo escolar en la piscina sólo se podrán realizar labores de limpieza y mantenimiento con lo que entiendo que ahora debería estar cerrada». El diputado de ERC recordó que su partido y EU-EV, presentarán un recurso de reposición y un contencioso administrativo contra la resolución. Además reclamarán al director general de Costas, José Fernández, que comparezca en el Congreso para que «explique esta estrafalaria resolución». Puig tendió una mano a la ministra de Medio Ambiente: «Si Narbona reconoce que hay presiones externas, la ayudaremos». La piscina «es imposible de legalizar, estamos muy tranquilos porque al final nos darán la razón, si no este Estado, Europa», manifestó. El Lobby per la Independència presentará una querella ante el Tribunal Supremo contra la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, su director general de Costas, José Fernández Pérez; el ex titular de Medio Ambiente del Gobierno central y actual president del Govern balear, Jaume Matas; el que fue su responsable de Costas, José Trigueros; Pedro J. Ramírez y la ex propietaria de su casa, Juliana Arioli. La denuncia será presentada por los presuntos delitos de «prevaricación, delito continuado de omisión del deber de perseguir un delito, corrupción y tráfico de influencias», que, según el dirigente, se han dado en el caso de la «privatización». Sastre, anunció una «movilización popular» para el mes de agosto e hizo un llamamiento a «nuestros simpatizantes» a acudir al juzgado de Vía Alemania de Palma el día 27 de julio, donde han sido citados partidos y dirigentes que anunciaron movilizaciones y que Pedro J. denunció por «coacciones».
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