Imagen de la entrada a las urbanizaciones Nova Santa Ponça y Golf Santa Ponça.

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PEDRO AGUILO MORA / JOSEP ROSSELLO
Aunque el próximo sábado se cumplirá ya un año de la recepción de las urbanizaciones Nova Santa Ponça y Golf Santa Ponça por parte del Ajuntament de Calvià, la encendida polémica derivada de esta controvertida operación urbanística sigue hoy igual de candente que el primer día.

No en vano, el Consistorio calvianer debe ahora hacer frente a dos demandas judiciales en las que el secretario general del PSOE en Calvià, Francisco Cano, y el empresario Manuel Rossinyol suplican al juez, cada uno por su parte, que proceda a dictar una sentencia que acuerde la anulación del acto administrativo en virtud del cual el alcalde de Calvià, Carlos Delgado (PP), con los votos de sus nueve concejales y del tránsfuga Joan Thomàs, procedió a ejecutar la recepción municipal de las urbanizaciones propiedad de su amigo personal Juan Nigorra Cobián.

Cabe recordar que con esta acción el Ajuntament de Calvià pasó a asumir el mantenimiento de las urbanizaciones Nova Santa Ponça y Santa Ponça Golf y la reparación de toda de una serie de deficiencias valoradas en 1,9 millones de euros. El acuerdo llevaba también implícito el reconocimiento por parte del Consistorio de abonar el 10 por ciento del coste de las obras de ejecución de la urbanización valoradas en 2,2 millones de euros. Finalmente, Hábitat Golf Santa Ponça cedió, como pago parcial de los gastos de subsanación de deficiencias un solar de 6.348 metros cuadrados tasado en 1,1 millones. Además, esta sociedad abonó al Ajuntament la suma de 360.000 euros en metálico. El resto se satisfizo mediante compensación en derechos de créditos.