El fiscal Pedro Horrach ha encontrado indicios de delito en el concurso de acreedores presentado por el propietario de la marca Yanko, Xavier Camps, que podría haber incurrido en un delito de alzamiento de bienes.
Horrach confirmó ayer que ha emitido un informe favorable a la admisión de la querella presentada por un centenar de trabajadores de Yanko que denunciaron irregularidades en el procedimiento, especialmente en la venta y traspaso de los locales que Yanko tenía en Barcelona y Llucmajor. Los trabajadores y sindicatos hace meses que denuncian que tras el concurso de acreedores se esconde un proceso especulativo que persigue llevarse la producción al tercer mundo y que no hay motivos reales para el cierre de las fábricas que Yanko tiene en Balears y Cataluña.
Una vez el fiscal ha emitido su informe, los trabajadores de Yanko esperan ahora que la jueza de Inca que lleva el caso contra Camps se pronuncie al respecto, una vez regrese de vacaciones a mediados de este mes. Para entonces, el centenar de empleados afectados por los despidos podrían estar ya en la calle puesto que el juez que dictamina sobre el concurso de acreedores autorizó el pasado viernes el cierre parcial de las fábricas de Inca y el cierre total de las de Barcelona y Llucmajor, autorizando así cerca de ciento cincuenta despidos. Los trabajadores terminan precisamente su periodo vacacional el 15 de agosto, por lo que se espera que a partir de esa fecha pasen a cobrar la prestación por desempleo.
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