La vivienda. En la imagen se puede observar el aumento de volumen de la edificación y el cambio de pendiente de la cubierta.

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GUILLEM MAS
El hasta ahora secretario municipal del Ajuntament de ses Salines, Joan Burguera, está intentando legalizar unas obras «ilegales» realizadas en una finca propiedad de su mujer, Maria Garcías, que forma parte del ANEI (Àrea Natural de Especial Interés) del Salobrar de Campos.

En principio, la finca ubicada en el polígono 17, parcela 43, del Anei del Salobrar sólo contaba con una vivienda y un pequeño almacén agrícola según se desprende de una foto aérea que disponeUltima Hora. Entonces, el secretario Joan Burguera y su mujer solicitaron una licencia de obra en el Ajuntament de Campos para cambiar la cubierta de la edificación. La realidad, pero, fue diferente. Tal y como se puede observar en las fotografías, no sólo se realizó un cambio de cubierta sinó que también se elevó y se aumentó el volumen de la casa cambiando la pendiente del tejado. Además, también se construyó un porche en la parte de la entrada principal de la vivienda.

Según ha podido saber Ultima Hora, el departamento de Urbanismo del Ajuntament de Campos se negó a concederle el final de obra por no ajustarse a la licencia solicitada, con el agravante que la infracción está en un Anei, zona de máxima protección.

Por ello, el pasado 2 de junio de 2006 el secretario Burguera y su mujer, por subrogación de la competencia municipal, solicitan al Consell de Mallorca una licencia de obra de reforma de vivienda aislada y demolición de un almacén agrícola.

Presumiblemente, la intención del secretario es demoler el almacén agrícola para compensar el exceso de volumen con el aumento de la altura de la casa y evitar así la demolición de las obras efectuadas sin la correspondiente licencia de obra.

Con todo, la Comisión Insular de Urbanismo del Consell de Mallorca del pasado mes de julio acordó que los promotores tenían que aportar un proyecto modificado y un informe de la Conselleria de Medi Ambient.

Fuentes del Consell de Mallorca han asegurado que en caso de no poderse legalizar las obras, los promotores se podrían enfrentar a la demolición del porche y del aumento de la altura de la casa; a parte de multas millonarias, por la especial protección de la zona, y de penas de prisión según la Ley Orgánica 10/95.

El hecho es que las sanciones económicas más duras en infracciones urbanísticas se contemplan en ANEI, dada su máxima protección territorial que la Comisión Insular de Urbanismo vela por su cumplimiento. Cabe recordar que este es la segunda infracción en la que se ve involucrado el secretario Burguera. El primer antecende radica en que el Consell de Mallorca le sancionará por la construcción de un gallinero ilegal, esta vez, pero, en nombre de su madre .