El escándalo por el negocio de las playas de Can Picafort estalló durante el verano de 2001.

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CARME MORENO
La juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Inca, Cristina Pancolbo, ha determinado que el alcalde de Santa Margalida, Antoni del Olmo (PP), y su esposa tendrán que depositar una fianza millonaria de 1.250.000 euros por el negocio de las playas que la esposa de Del Olmo mantuvo con su ex socio, Gabriel Moranta, que interpuso una querella contra la esposa de Del Olmo por un presunto delito societario, falsedad documental y presunta estafa. Según informó ayer el abogado de Gabriel Moranta, ahora el alcalde y su esposa dispondrán de veinticuatro horas para depositar esta fianza para cubrir sus responsabilidades civiles y en este período no se ha hecho efectiva la cantidad se procederá al embargo des sus propiedades suficientes para cubrir esta indemnización. El abogado de la acusación solicitó esta medida cautelar que incluye ahora el auto de la juez.

La querella que interpuso Gabriel Moranta para el presunto delito societario y de falsedad documental ha sido ampliada recientemente ya que «Del Olmo y su mujer han puesto a su nombre una nave que después vendieron de forma irregular; se trata de una nave que era propiedad de la sociedad Playas Mar Balear de la cual la esposa del alcalde era administradora». Según avanzó ayer el abogado de Gabriel Moranta, se está estudiando la posibilidad de ampliar la querella pero ayer todavía no pudo aclarar las novedades que ésta incluirá. El alcalde Antoni del Olmo señaló ayer que «no tengo constancia del contenido del auto». Así, prefirió no hacer ningún tipo de declaración al respecto. La semana pasada Ultima Hora ya anunció que el juzgado aceptó la querella porqué los hechos denunciados por Moranta podían revestir delito.

Por otro lado, Gabriel Moranta reclama que se ha de realizar una auditoría a la sociedad Playas Mar Balear porqué ha desaparecido una gran cantidad de liquidez de la caja de la sociedad que compartía con la esposa del alcalde de Santa Margalida y que se dedicaba a la explotación de hamacas y sombrillas. La querella se remonta a los inicios de la relación del alcalde con Gabriel Moranta. El adjudicatario de las playas de Can Picafort el año 2001, Baltasar Pulpillo aseguró que en aquel momento que Del Olmo y Bartomeu Gelabert le había prometido un pago millonario a cambio de presentarse al concurso público, que sería amañado para que la sociedad Tecplaya (propiedad de Gelabert) gestionara las instalaciones.