El Ajuntament, defendido por el abogado Antoni Mir, alegó que despidió a Gelabert porque había traicionado la confianza depositada en ella al descubrirse un «agujero» de 880.000 euros en las cuentas municipales.
La sentencia declara «probado» que la actora (Martina Gelabert) venía actuando como recaudadora del Ajuntament demandado, y aunque admite que existieron dos cuentas sucesivas del Ajuntament en el Banco de Crédito Balear (Es Crèdit) de Sineu, en la que Gelabert tenía firma, subraya que ambas fueron canceladas.
La resolución, asimismo, se centra en «la cuenta que es objeto de la causa», abierta en 1999, y precisa que «la señora Gelabert no tenía firma autorizada, pero sí el concejal tesorero (Guillermo Fuster Alomar)». En el hecho quinto, la sentencia señala: «Ni los alcaldes anteriores ni el actual había autorizado a la actora con posterioridad al año 99 para que dispusiera o extrajera dinero de ninguna cuenta bancaria». La sentencia reitera que queda «constatado» que la única persona que podía disponer de esa cuenta era Guillem Fuster Alomar. También, cita la declaración del interventor de Es Crèdit, en la que confirmó que Fuster tenía cuenta en la sucursal y que le veía con frecuencia, como otro elemento a favor de la desestimación de la demanda promovida por Martina Gelabert.
El fallo señala de forma textual: «Que desestimando la demanda, origen de las presentes actuaciones, promovidas por Martina Gelabert Rebassa, frente al Ajuntament de Sineu sobre despido, declaro la procedencia del despido de la actora y debo absolver y absuelvo a la demandada».
La sentencia recoge todos los argumentos expuestos por la defensa y abre una vía favorable al Ajuntament de Sineu en el pleito civil que sigue contra Es Crèdit.
Como se sabe, la corporación municipasineuer intenta demostrar en el pleito civil que Es Crèdit tuvo una actuación negligente al permitir que Martina Gelabert realizara operaciones en la cuenta del Ajuntament sin estar autorizada para ello. Si esa tesis prospera, sería le entidad bancaria la que tendría que devolver los 880.000 euros que, según las investigaciones en curso, habrían ido a parar a los bolsillos de la ex recaudadora municipal. Ésta, no obstante, ha negado en todo momento haberse lucrado en el ejercicio de su cargo y señala que su patrimonio tiene un origen familiar.
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