El alcalde de Montuïri (derecha), junto a su abogado, Rafael Perera, cuando prestó declaración ante el juez.

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Llinàs, según el fiscal, también pudo incurrir en un delito de estafa, ya que a través de las sociedades que controla firmó numerosos contratos de compraventa de vehículos «obteniendo un beneficio en la adquisición al simular un destino distinto y con la deliberada y manifiesta intención de no cumplir el contenido del contrato», según el fiscal.

La calificación provisional del Ministerio Público, sin embargo, choca de forma frontal con un escrito presentado por dos inspectores de Hacienda, que no observan «la comisión de delito alguno» en las actividades comerciales desarrolladas por Llinàs, y que tenían a Montuïri como eje principal con el registro masivo de vehículos de alquiler.

El fiscal, que ha pedido 24 años de prisión para Llinàs Bauzá, señaló en su escrito que «hay un informe del Servicio de Vigilancia Aduanera sobre el flujo de fondos de las sociedades, así como la mecánica de ocultar los fondos y su procedencia a través de cuentas de bancos andorranos». También, menciona que el hijo de Llinàs Bauzá ha sido condenado en Italia.