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PEDRO AGUILO MORA
El Govern de les Illes Balears, los sindicatos UGT y CCOO y la empresa Koyan 003 SL sellaron ayer un acuerdo que deja la crisis de Yanko en el umbral de su punto y final. Sólo falta ahora que el juez que instruye la suspensión de pagos de la fábrica de calzado acepte las condiciones de la propuesta consensuada ayer por las tres partes implicadas. Tal y como ya adelantó este diario en su edición del pasado 26 de octubre, el acuerdo suscrito entre el Govern (a través de las consellerias de Treball y Comerç i Industria), los representantes de los trabajadores y la firma Koyan, estipula proponer a ésta última como compradora de Yanko por un valor de 2,5 millones de euros. De esta manera, la firma representada por el empresario mallorquín Miquel Llobera se hará cargo de la marca Yanko, de la maquinaria y mobiliario, destock de zapatos almacenado en Mallorca, así como de los derechos de arrendamiento de la factoría de Inca.

Según el protocolo firmado ayer, del contrato de compraventa quedarán excluidos estock de zapatos almacenado en tiendas y outlets de la Península, el compromiso de mantener la actual relación de distribuidores extranjeros, 400.000 euros correspondientes a deudas contraídas con clientes, y el resultado del pleito por la retroventa del solar de Llucmajor.

Asimismo, la empresa compradora se compromete también a mantener la producción en Mallorca, donde además mantendrá el domicilio social de la empresa los departamentos de dirección, diseño, márketing e Investigación y Desarrollo (I+D). En lo tocante a recursos humanos, Koyan a dado su palabra de mantener en plantilla a 35 trabajadores de Yanko y, en el caso de tener que contratar a más efectivos, dar prioridad a las personas afectadas por el expediente de regulación de empleo. Por parte del Govern, el compromiso adquirido en el protocolo de condiciones es dar una salida digna a los trabajadores despedidos que se verán beneficiados por toda una serie de compensaciones económicas. En cuanto a los sindicatos, estos se comprometieron a retirar los contenciosos interpuestos contra el expediente de regulación de empleo.