Imagen de archivo de una boya que indica a los navegantes la zona acotada de amarre en Formentor.

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JUAN POYATOS
La Demarcación de Costas de Balears notificó el 15 de noviembre a la empresa Hisambla SL que le impone una sanción de 5.400 euros y que debe ingresar en el Tesoro Público otros 103.302 euros. En total, la empresa que instaló este verano boyas de pago frente a la playa de Formentor se enfrenta a una deuda con la administración de 108.702 euros. En un principio Costas elevó a la Subdirección General de Gestión de Dominio Público, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, una solicitud para incoar un expediente de caducidad en la concesión otorgada en mayo a la empresa con sede en Inca, Hisambla SL. La iniciativa de Costas pretende que para la próxima temporada Madrid no autorice la concesión que permita a Hisambla instalar decenas de boyas de pago en Formentor.

La Asociación de Navegantes se personó como parte y en una reunión con el Jefe de la Demarcación de Costas le instó a que no sólo se impidiera que en 2007 se instalaran las boyas, sino que se debía revisar toda la actuación de la empresa concesionaria por si, como algunos socios de la Asociación de Navegantes habían expresado, la concesionaria utilizaba más metros de los autorizados. Según la asociación, la empresa pudo haber utilizado muchísimos más metros de espacio público del que en realidad era concesionaria. Costas finalmente ha optado no sólo por pedir la caducidad de la concesión, sino que también sanciona directamente a la empresa por «incumplimiento de las condiciones». Según a explicado a este periódico un portavoz de la Asociación de Navegantes, «el 17 de junio prescribió el plazo para que la empresa cumpliera la obligación de comunicar a Costas que las boyas estaban instaladas y que se podía hacer el obligado replanteo (remedición) por parte de el Ingeniero representante del Servicio Periférico de Costas». El portavoz matizó que según reconoce Costas, la concesión era por 22.335 metros cuadrados y antes de instalar las boyas la empresa concesionaria debía comunicar a Costas que estaba en condiciones de que sus técnicos visitaran la zona, situación que no se produjo. De este modo Costas no entra en la polémica de si la empresa que colocó las boyas utilizó los 22.335 metros cuadrados autorizados o los cerca de 750 mil que la Asociación de Navegantes calculó. Costas se limita a comunicar a Hisambla que «no se ha medido el espacio utilizado, incidencia que directamente permite incoar un expediente sancionador». La asociación ha mostrado su satisfacción y lo califica de «freno a la privatización del mar y a la coacción a la libertad de movimientos de navegantes y usuarios del mar». El portavoz aseveró que «cobrar por ocupar una boya e impedir el fondeo con coacciones, es como si en una playa el encargado de las hamacas y las sombrillas te pusiera una denuncia por colocar tu toalla en la arena».