Asimismo, la concejala de EU-EV en el municipio de Son Servera, Conchi Peña, presente junto a Sastre en la comparecencia informativa, anunció nuevas movilizaciones ciudadanas «pacíficas y con respeto a la legalidad, como siempre». Consideró que la decisión judicial es una «vergüenza inasumible» y explicó que se trata de un hecho «muy grave» porque coarta, dijo, la libertad de expresión de ciudadanos que, además, son representantes de organizaciones políticas y sociales.
Peña criticó que la Justicia «consienta» que Ramírez siga «saltándose la ley a la torera» y recordó que, hasta el momento en que hay una sentencia firme, «no hay nadie culpable». «Seguiremos hasta que hayamos agotado todas las instancias en todas las causas que hay abiertas. Y si aun así no nos dan la razón, continuaremos protestando porque tenemos derecho a hacerlo», añadió.
Por su parte, Jaume Sastre que, además de por Peña, también estuvo acompañado de representantes del PSM, ERC y el grupo ecologista Gadma, manifestó que la sentencia es «contradictoria» y «no se aguanta por ningún lado». En su opinión, se basa en el «favoritismo» del juez Miquel Arbona ante el «miedo» a las «represalias» de Ramírez. «Dice que se me juzga por una serie de hechos que ni siquiera menciona a la hora de establecer la pena», apuntó. «Se me acusa de violencia psíquica y mobbing, cuando toda la jurisprudencia indica que emobbing sólo se puede dar de un superior a un inferior. Éste, evidentemente, no es el caso», continuó. Además, subrayó que el juez reconoce la ausencia de violencia física y que también admite que en agosto de 2004, cuando ocurrieron los hechos, no estaba restringido el derecho de paso y de uso público en la zona donde Ramírez tiene ubicada la piscina. Asimismo, Sastre criticó que aún no se le haya facilitado la grabación del juicio.
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