En torno a este caso, fuentes judiciales próximas a la causa han advertido del gran retraso que a su parecer se está acumulando en la instrucción de una causa con fuertes connotaciones políticas.
Su implicación reside en haber emitido diferentes certificados y documentos presuntamente falsos que después fueron utilizados por el entonces alcalde saliner, Sebastià Vidal, también del PP, para pedir un interés general al Consell de Mallorca para legalizar su vivienda y unas cuadras construidas irregularmente en suelo rústico.
La Fiscalía Anticorrupción, después de que el juzgado número 8 de Palma aceptara a trámite la querella interpuesta por un particular, decidió el pasado mes de abril intervenir en el caso, pidiendo a este juzgado que requiriera a los ayuntamientos implicados certificaciones oficiales sobre las presuntas exhibiciones de caballistas en sus municipios que certificaron, y que Vidal presentó después como muestra de la actividad de una agrupación caballista de ses Salines de la que la vivienda y las cuadras serían su sede. El PP lo forzó a dimitir cuando se destapó el escándalo.
La causa sigue abierta después de que los cargos políticos imputados hayan prestado declaración frente al juez y Anticorrupción no ha cerrado sus investigaciones.
Los ayuntamientos del PP implicados en el caso son los de Santanyí, Llucmajor, Lloret, Felanitx, sa Pobla, Inca, Santa Margalida, ses Salines, Selva, Montuïri y Campos.
Las últimas actuaciones a raíz de la querella fueron las declaraciones de los imputados. Posteriormente, la acusación particular pidió pidió que se ampliara el número de testimonios a declarar, petición que parece haber sido rechazada por el juez instructor, a pesar que no ha sido confirmado oficialmente.
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