Camp declara por dos presuntos delitos de alzamiento de bienes

En concreto, se trata de la compraventa de la nave que Yanko tenía en Llucmajor y que adquirió el empresario Miquel Ramis sólo cinco días antes de que Yanko presentara ante el Juzgado de lo Mercantil la solicitud para acogerse al concurso de acreedores.

Por otra parte, se investiga además la resolución de mutuo acuerdo con una inmobiliaria del contrato de arrendamiento de la tienda que Yanko tenía en el paseo de Gracia de Barcelona, y que se efectuó sólo un día antes de la solicitud del concurso renunciando a los derechos de alquiler de seis años que conservaba entonces Yanko.

La jueza del juzgado de instrucción número 2, Pilar Anguita, y el fiscal que instruye la causa, Pedro Horrach, interrogaron durante toda la mañana a Camp y al empresario Ramis, que aparece citado en calidad de imputado. También apareció en el juzgado ayer Francisco Javier Unzueta, un empleado de Camp que supuestamente ejerció de intermediario en la compraventa de la nave de Llucmajor. Unzueta, sin embargo, no declaró ayer. Camp declinó hacer declaraciones a la prensa , escondiéndose incluso de las cámaras tras haber declarado.

El fiscal Horrach explicó que a raíz de las diligencias practicadas ayer ahora solicitará la citación de, al menos, un cuarto imputado en esta causa, aunque no quiso especificar la identidad de esta persona.

Los abogados de UGT y del comité de empresa de los trabajadores de Yanko, Manolo Pomar y Rafel de Miquel, se mostraron satisfechos al finalizar las declaraciones, que se prolongaron desde las 9,30 hasta las 15,00 horas y requirieron la presencia de numerosos abogados al haber muchas partes afectadas. «Hoy ha quedado muy claro que con estas dos operaciones se ha creado un enorme perjuicio a la masa de acreedores», detalló Pomar, refiriéndose tanto a lo que la a las indeminizaciones de los trabajadores despedidos de Yanko como a otros proveedores a los que se debe dinero.

Caber recordar que el pasado mes de diciembre la juez Pilar Anguita, a petición del fiscal, dictó un autor por estas dos causas en el que fijó una fianza para Xavier Camp de 1.800.000 euros «en garantía de las responsabilidades pecuniarias que se puedan declarar en el procedimiento». Camp, que había sido citado en Inca con anterioridad dos veces, no compareció hasta ayer.