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GUILLEM MAS
La junta de gobierno del Ajuntament de Manacor, formada por el pacto PP-AIPC, ha acordado presentar una querella contra el perito Jaume Carbonero que redactó un informe que sirvió, en parte, de base para la redacción de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears (TSJIB) que ordena la demolición del polémico Pont del Riuet de Porto Cristo. El Ajuntament ja decidido emprender acciones legales contra el perito después de que un informe jurídico municipal haya avalado que en el peritaje «hay afirmaciones tendenciosas y falsas», como que el puente se construyó sin un previo estudio de impacto ambiental. Cabe recordar que Carbonero fue director general de Habitatge de la Conselleria d'Obres Públiques, como miembro de EU-EV, en tiempos del Pacte de Progrés, que además financió el proyecto del puente junto al Consell de Mallorca y el Consistorio. Además, la coalición rojiverde fue el único partido de Manacor que se opuso en su momento a la construcción del Pont del Riuet.

En la reunión celebrada ayer, el pacto PP-AIPC también decidió en un acuerdo de la junta de gobierno, recurrir ante el Tribunal Supremo la sentencia del TSJIB. En cualquier caso, el juez del TSJIB ha estimado el recurso de los vecinos del bloque de pisos afectados por esta infraestructura y anula dos decretos del ex alcalde Miquel Riera, el de aprobación del proyecto y el de la adjudicación de las obras. El juez considera que el puente es una carretera no prevista en el Plan Director Sectorial de Carreteras y que se ejecutó sin un estudio de impacto ambiental previo. Desde el Ajuntament se defiende que el trazado del puente es una calle prevista en el planeamiento y aportan una sentencia judicial de 2003 donde «el juez deja claro que es un tramo de calle prevista en las normas» y que se realizó el informe ambiental. De todas maneras, el Ajuntament de Manacor está convencido de que se actuó de la forma más correcta.

El portavoz de los damnificados del Pont del Riuet, Jaume Vives, sigue apostando por llegar a un acuerdo y conseguir la indemnización que tanto anhelan los perjudicados por la infraestructura viaria. Según afirman, «el Ajuntament sigue en las mismas pues piensa recurrir las sentencias que ya han perdido dos veces, en lugar de llegar a una solución, arriesgándose a tener que demoler el puente en perjuicio de todo el pueblo». Así pues, según el candidato, «nos asiste el principio de que la administración pública no puede perjudicar al ciudadano». El portavoz de los damnificados será el candidato del nuevo partido Al-Port que concurrirá a las elecciones en coalición con Clau de Mallorca, que lidera Pedro Duran, lo que ha llamado la atención.