La normativa urbanística establece que el cableado ha de estar soterrado.

La normativa urbanística establece que el cableado ha de estar soterrado.

Assumpta Bassa15/02/07 0:00
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El Ajuntament de Capdepera tendrá que conceder licencia a la empresa energética GESA para construir las polémicas líneas aéreas de media tensión en un plazo máximo de tres meses. Así lo ha ordenado el juez de lo contencioso administrativo que ha advertido que, si no cumple, tanto el alcalde como el resto de regidores del Ajuntament tendrán que hacer frente, cada uno y de su bolsillo, a una sanción económica de 600 euros mensuales por desobediencia a la autoridad. Así se desprende de la nueva sentencia emitida el pasado 8 de febrero por el Juzgado Contencioso Administrativo número 1.

El Ajuntament de Capdepera no lo tiene nada fácil de momento. Los tribunales han dado la razón, en más de una ocasión, a la compañía eléctrica en el conflicto que mantiene abierto desde hace años con el Ajuntament y que conlleva que no se den contadores nuevos, siendo perjudicados centenares de vecinos del término municipal.

GESA tiene previsto hacer una subestación eléctrica ante la saturación de la red. El problema radica en que la empresa reivindica su derecho a instalar las líneas aéreas, mientras que las Normas Subsidiarias de la localidad prevén que el cableado ha de ser soterrado. El tema acabó en los juzgados y de las diversas sentencias que habido, la mayoría dan la razón a GESA.

El pasado día 28 de abril de 2006, la Sala de lo Contencioso Administrativo dictó una sentencia en la que se anulaba el acuerdo de la junta del gobierno local a través de la que se denegaba la licencia para hacer la subestación. En la misma, el juez declaraba nula la adaptación de las Normas Subsidiarias al Plan Director Sectorial Energético. Ahora, la nueva sentencia obliga al Ajuntament de Capdepera a otorgar la licencia y a informar de la misma a través de pleno. El alcalde ha convocado pleno extraordinario hoy para tratar el tema. También se hará una junta de portavoces para decidir qué actuaciones se pueden llevar a cabo. Hay un plazo de 15 días para recurrir esta sentencia. Así, en la junta se debatirá si se toma esta decisión.