Todos los acusados, a excepción del diputado Joan Puig, ya han prestado declaración en los juzgados en calidad de imputados.
El fiscal Julio Cano razona que «no se aprecia la existencia de expresiones susceptibles de ser consideradas como constitutivas de delito de coacciones, pues en ellas no se compele a alguien a hacer algo que no quiera ni se le impide a nadie con violencia hacer lo que no quiere. Simplemente se manifiesta, de forma muy genérica, por lo demás, la intención de repetir en el verano de 2006 las protestas ya efectuadas en años anteriores».
El fiscal también rechaza el tipo penal de amenazas, al no apreciar «una conducta con contenido intimidatorio real respecto a persona alguna».
Ramírez argumentó que la acción de los acusados pretendía cambiar los criterios de su periódico. Para el fiscal, sin embargo, «no existe indicio alguno que lleve a concluir un intento por los denunciados de modificar la línea editorial de un periódico como El Mundo, de gran tirada nacional, mediante tales declaraciones lo que, como no podría ser de otra manera, es impensable que se pueda producir».
Las movilizaciones anunciadas se sustanciaron en agosto con una manifestación progresista y una contramanifestación del Círculo Balear en la que participaron las Nuevas Generaciones del PP. El lema de la primera era «La costa és de tots», y el de la segunda «Por la libertad de expresión de Pedro J. Ramírez».
La Plataforma «La Costa és de tots» ha anunciado nuevas movilizaciones para este verano en Son Servera. Por el lado contrario, el presidente de las Nuevas Generaciones del PP, Toni Fuster, dijo ayer que espera «no tener que manifestarnos de nuevo porque no gustó a nadie lo que ocurrió, pero ya anunciamos que lo volveríamos a hacer si es necesario».
Sin comentarios
Para comentar es necesario estar registrado en Ultima Hora
De momento no hay comentarios.