El caso de la nave industrial Omniprint, propiedad de la empresa madrileña Unedisa y del grupo hotelero mallorquín Barceló, se inicia en marzo de 2001. El pleno del Ajuntament de Santa Maria, gobernado por el PSM, intentó entonces una modificación del Plan Parcial del polígono de Son Llaüt que permitiera la construcción de un proyecto de las dimensiones de Omniprint, sin que el acuerdo se llegara a adoptar. Pese a ello, la comisión de gobierno aprobó en julio de 2002 un proyecto de ejecución para este edificio, que ocupa espacio público y sobrepasaba la altura permitida en siete metros. Cuando la comisión municipal aprobó el proyecto de ejecución la nave de Omniprint ya estaba construida, según la denuncia de ALES.
La alcaldesa Rosa Vich (PSM) declaró que existió un «error», porque el Ajuntament visó unos planos para una altura de 17 metros, pero pensaba que eran de 10. Los primeros pasos de la fiscalía podrían ir encaminados a aclarar esta versión de Rosa Vich.
La planta de Omniprint fue inspeccionada la pasada primavera por técnicos del Consell de Mallorca, que detectaron múltiples irregularidades y dictaron una orden para que la alcaldesa procediera a su clausura.
Poco después, el 26 de julio de 2006, el pleno del Ajuntament acordó presentar en los juzgados un recurso de «lesividad» contra la planta impresora.
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