JOSEP MARIA SASTRE07/03/07 0:00
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El Ajuntament de Manacor, gobernado por el pacto PP-AIPC, ha demandado a la familia del regidor popular Antoni Sureda y de la directora general de Cultura del Govern y ex alcaldesa de la ciudad, Catalina Sureda, por mantener vallados y cerrados con candados dos caminos públicos incluidos en el catálogo municipal. La demanda ha sido interpuesta en el Juzgado de Instrucción número 6 de Manacor, y es la respuesta a su vez a la demanda presentada contra el Ajuntament por Bonarms SA, explotadora de es Fangar, que solicitó al juez que dictaminara la titularidad privada de los caminos de la finca propiedad del alemán Peter Eisenmann. En contestación, el Ajuntament no sólo pide al juez que desestime la demanda de Bonarms SA, sino que además interpone una demanda reconvencional contra esta misma empresa y la hace extensiva a otras «personas físicas y jurídicas que han llevado a cabo actos de ocupación o apropiación ilegítima» de caminos públicos. Entre estos figuran Antoni Sureda y Catalina Fons, padres del regidor del PP y de la actual directora general de Cultura.

En lugar de contestar el concejal aludido, el alcalde de Manacor, Antoni Pastor (PP), intervino en su lugar diciendo que «el regidor está aquí -en la sesión plenaria- para dar explicaciones y contestar sobre su gestión y no de asuntos particulares». Pastor añadió que la demanda presentada a una familia ligada históricamente al Partido Popular y con cargos destacados en la administración local autonómica, demuestra que «el equipo de gobierno no hace diferencias a la hora de actuar mirando quién es el propietario de un camino». El alcalde popular añadió que «el Ajuntament tiene su opinión» en referencia a los caminos en cuestión, pero «también ha de creer en la posibilidad de que los particulares se defiendan porque creemos en el estado de derecho». Finalmente, Antoni Pastor manifestó que la demanda interpuesta a la familia Sureda «es una lección de que Antoni Sureda nunca ha mirado por los intereses particulares».

Concretamente, la demanda hace referencia al camino del Torrent de ses Piques y al de sa Plana, que se encuentran cortados con «barreras cerradas con candados de maleta». El Ajuntament aporta un alud de documentación para demostrar que los caminos son públicos y solicita al juez que declare «la titularidad municipal de los referidos caminos» y que «condene a los demandados a restituir la posesión de los mismos a la Corporación municipal, obligándolos a retirar los distintos cerramientos colocados». En el pleno ordinario del pasado lunes, la portavoz del PSM, Margalida Capó, interrogó sobre este asunto al regidor Antoni Sureda. Capó recordó que existe un decreto de Alcaldía que «requería a su familia que abriera los caminos y sin embargo, continúan cerrados... ¿Tienen la intención de abrirlos o mantenerlos cerrados?». Así mismo, Capó tildó de «muy grave» que el Ajuntament haya tenido que demandar a un regidor por no acatar un decreto de Alcaldía cuando «es un señor que tendría que defender los intereses de todos los ciudadanos y no los particulares».