15/05/07 0:00
TW
0

MARTA MEDRANO
La Junta Electoral de Zona de Inca ha decidido sancionar con una multa de 600 euros al Ajuntament d'Inca por la campaña publicitaria «Entre tots ho hem aconseguit» que el PSIB-PSOE denunció el pasado 16 de abril. El juez de la Junta Electoral, Carlos Martínez Uceda, considera que la mencionada campaña hace referencia a actuaciones que ha llevado a cabo el Ajuntament «en manifiesta referencia a un logro partidista». El hecho de que la publicidad no fuera masiva ha hecho que la junta sólo haya multado al Ajuntament y a su representante, el alcalde Pere Rotger, con una sanción de grado medio de 600 euros. Cabe recordar que la campaña «Entre tots ho hem aconseguit» consistía en pancartas con fotografías del hospital comarcal de Inca, dibujos del tercer polígono, un folleto del soterramiento de las vías y otras imágenes de seguridad con el citado lema.

El portavoz del PSIB-PSOE de Inca, Xavier Ramis, cree que esta sanción demuestra «el uso partidista que está haciendo el equipo de gobierno de las campañas institucionales» y lamentó que «el equipo de gobierno no haya sido capaz de decirnos lo que han costado estas campañas al pueblo aunque ya hace dos meses que se lo pedimos». Asimismo, el PSOE lamentó que la condena recaíga sobre el Ajuntament y no sobre el PP.

Ramis, además, aprovechó para anunciar que llevará más acciones del PP ante la Junta Electoral. «Se está repartiendo de forma gratuita un libro del hospital pagado por el Ajuntament con un enfoque partidista y, además, ya se empiezan a repartir tiquets de la cena que el Ajuntament tiene que ofrecer a la tercera edad el próximo 27 de junio cuando falta más de un mes», añadió. Desde el Ajuntament se anunció ayer que se pedirá la nulidad del acuerdo de la Junta Electoral «por no haber dejado que la Corporación presentara alegaciones» y para presentar, además, dos documentos escritos que acreditan, según los servicios municipales, que «existían órdenes para que la mencionada campaña se retirara antes del 3 de abril». «La empresa tenía órdenes de retirar la campaña institucional y explicaron que debido a las fuertes lluvias del mes de abril no se pudo retirar por completo», explicó el alcalde Pere Rotger, que consideró que «se había hilado muy fino en la sentencia» tras conocer la decisión. Los servicios municipales detallaron que existen dos pruebas que podrían declarar nula la sentencia. Por un lado, el contrato con la empresa encargada de colocar la publicidad en varias vallas de la ciudad y, por otro, un e-mail ordenando la retirada de la misma.