La polémica gestión urbanística del PP culmina con la intervención del fiscal

Un crecimiento urbanístico veloz y espectacular; un planeamiento que prevé multiplicar la población en 8.000 habitantes en apenas unos años y una tramitación de las nuevas normas con muchas dudas y lagunas legales unido a la intervención del fiscal Joan Carrau, hacen que desde ayer muchos coloquen a Campos a la altura de Andratx. Sin embargo, desde el actual equipo de gobierno, el teniente de alcalde Joan Juan Pons, regidor de Campos pel Canvi, actual socio de UM en el Ajuntament y azote constante durante más de una década del que fuera alcalde del PP, Andreu Prohens, sale al paso de las comparaciones: «No creo que lo de Campos tenga ninguna relación con el caso de Andratx pero como ya denuncié en su momento y creo que hay motivos para que la fiscalía actúe porque hay cosas mal hechas», advierte Pons.

Entre ellas y como también denunció el GOB o UM, están la contratación «a dedo» de la empresa del arquitecto municipal Cosme Garcías S.L. para redactar las normas o la falta de informes de Demarcación de Costas o de secretaría. Además, existe polémica entorno a los convenios urbanísticos puesto que, tal y como reveló este periódico, el Ajuntament sólo cobró la mitad del aprovechamiento lo que le tocaba por ley.

Ayer todo eran especulaciones y desde Fiscalía hubo un silencio absoluto sobre la apertura de diligencias. El alcalde Guillem Ginard apuntó que «nos ponemos a disposición del fiscal, si hay algo raro saldrá porque no nos esconderemos de nada». «Pido tranquilidad a los vecinos, intentaremos que todo siga igual», añadió.

Por su parte, la actual regidora del PP, Margalida Ginard, apuntó que su partido está «muy tranquilo» por la tramitación de unas normas que «no están aprobadas definitivamente». «Estoy tan intrigada como vosotros. Hay que facilitar toda la documentación que requiera el fiscal», declaró.