«Estoy muy tranquilo. Todas las licencias otorgadas en el Port Verd se ajustan a la legalidad, ya que se concedieron con un informe técnico y jurídico favorable». Así respondía Damià Ripoll, ex alcalde y ex regidor de Urbanismo del PP, a las acusaciones del equipo de gobierno y de los vecinos del Port Verd que le hacen responsable del «caos urbanístico» de la zona e, incluso, estos últimos pedían su dimisión.
«No pienso dimitir. Me presenté a unas elecciones y fuimos el grupo más votado. Yo no me debo a gente que fue a listas electorales diferentes a las mías», dijo en alusión a los portavoces de la asociación de vecinos del Port Verd, Carme Galmés y Antoni Palerm. Estos acusaron al ex responsable de Urbanismo de mentir cuando afirmaba que las licencias no eran irregulares. «En todo este tema, no he mentido porque he consultado en diversas ocasiones con los juristas y me han asegurado que las licencias están dadas en base a la legalidad», expuso. El portavoz 'popular' en la oposición manifestó que «se ha querido confundir con el tema del expediente abierto desde el colegio de arquitectos. Me han dicho que hay un expediente abierto, que yo no he visto, pero es un expediente deontológico en el sentido que el técnico informó una licencia de un familiar, pero ello no tiene nada que ver con que las licencias sean irregulares». Añadió que «si no concedía estas licencias tenía que emplear dinero del pueblo para indemnizar a una gente que tenía unos derechos adquiridos».
El alcalde de Son Servera, Josep Barrientos, también criticaba la gestión del anterior alcalde por conceder licencias a través de decretos de alcaldía. «Todas las licencias estaban dadas por decreto de Alcaldía y no sólo las del Port Verd como parece que quiera dar a entender».
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