ALM-UM y la coalición de izquierdas, partidos de la oposición en el Ajuntament de Manacor, amenazaron con acudir a los juzgados por el presunto incumplimiento por parte del equipo de gobierno (PP-AIPC) de la ley de contratación, al haber presentado a pleno en lo que va de mandato facturas extraordinarias por valor de 1'5 millones de euros. El grupo municipal del PSOE, también en la oposición, reclama, por su parte, que el Ajuntament encargue una auditoría para «determinar la legalidad en la gestión del dinero público».
En el pleno ordinario del pasado lunes, cinco puntos del orden del día eran reconocimientos extrajudiciales de crédito. Algunos de ellos, según reveló el portavoz de PSM+Esquerra+Verds, Sebastià Gayà, venían con un informe técnico en que se advertía que son procedimientos irregulares. El alcalde de Manacor, Antoni Pastor (PP), reconoció que las facturas «no son ilegales, son irregulares, dentro de una situación extraordinaria que debía solucionarse».
En el debate, el regidor del PSOE Miquel Castellano ironizó diciendo que «nos tendríamos que plantear no hacer presupuesto porque en cada pleno nos presentan pagos extrajudiciales». «Las cosas deben hacerse bien tasadas porque estamos jugando con el dinero del pueblo», advirtió. Por su parte, Sebastià Gaya apuntó también que un reconocimiento extrajudicial de crédito «debería ser una cosa excepcional y no habitual». Desde las filas de ALM-UM, Catalina Julve, criticó que el «modus operandi» del equipo de gobierno sea «saltarse la ley, pagando facturas a dedo porque algo que supere los 35.000 euros debe hacerse por concurso». Fue en este momento en que Julve amenazó con acudir a la justicia «para que determine si podemos seguir incumpliendo la ley de contratación sistemáticamente».
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