El secretario general de la agrupación socialista de Pollença, a la izquierda, en la presentación de la candidatura de Ramón.

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La negativa por parte de los cuatro regidores del PSOE en el Ajuntament de Pollença a votar a favor de una moción presentada por Esquerra Unida Els Verds para encargar una auditoría externa que revise el estado de las Cuentas municipales, ha desatado una crisis dentro de la agrupación socialista municipal. Son varios los militantes que desde el viernes han comunicado su baja o piensan en hacerla efectiva en los próximos días, entre ellos el secretario de la agrupación local, Antoni Cifre. Han emprendido una recogida de firmas para conseguir que se realice la auditoría y amenazan incluso con recurrir a los tribunales para conseguir que se revise la gestión económica del Ajuntament que llevaron a cabo PP-UMP y UM-UNPI durante la pasada legislatura, estos últimos, actuales socios de gobierno de los socialistas en el Ajuntament.

En el escrito de recogida de firmas, los disidentes del PSOE denuncian los «problemas de gestión, las deudas, la alarma social y la opacidad financiera de la anterior legislatura del Ajuntament de Pollença». «Nadie esperaba beneficios pero tampoco el descalabro económico que se registra, según manifestaciones del alcalde», añaden.

Esta facción de los socialistas recuerda que el PSOE tuvo que recurrir a los juzgados para pedir al anterior equipo de gobierno (PP-UMP/UM-UNPI) que le facilitara las cuentas a la oposición. «Con la llegada de la nueva mayoría se ha reorientado la gestión, sin embargo se oponen a dar luz y claridad a las cuentas», dicen y no descartan acudir de nuevo a los juzgados para conseguir que se encargue la auditoría, tal y como proponía Esquerra Unida-Els Verds. La moción de Pepe García (EU-Els Verds) no prosperó porque precisaba de mayoría absoluta y el equipo de gobierno al completo (UM-UNPI, PSOE y PSM) se abstuvo. Los tres partidos justificaron su abstención en un informe del interventor que considera innecesario encargar la auditoría porque entiende que no existen indicios de conductas delictivas y supondría un gasto extraordinario, innecesario para las arcas municipales.

Curiosamente el anterior regidor de Hacienda, Bartomeu Cifre (PP-UMP) al que el actual alcalde Joan Cerdà (UM-UNPI) ha responsabilizado del estado de la cuentas, votó a favor de auditar su propia gestión.