Nueve años después de la sentencia del tribunal Supremo que ordenaba la demolición de los cuatro chalets de Llucalcari, el GOB insta de nuevo al TSJB y al Ajuntament de Deià que la hagan efectiva. Califica de «escandaloso el grado de incumplimiento de los autos y las sentencias que obligan al Ajuntament a derribar las edificaciones».
El GOB recuerda que el TSJB y el TS en distintas ocasiones ha acordado la anulación de las cuatro licencias de los chalets y ordenado su demolición y en una de las últimas resoluciones judiciales decía: «Requerir al Ajuntament de Deià (Mallorca) para que lleve a término sin más dilaciones, el mandato contenido en la sentencia firme, con el apercibimiento que de no llevarlo a efecto en el término de un mes, se tomarán las medidas prevenidas en el artículo 112 de la Ley Jurisdiccional». Puntualiza que este auto era de 2005 y que «el Ajuntament de Deià mantiene una actitud de desobediencia de los tribunales». Por lo que piden «que se ordene al alcalde la ejecución de la sentencia».
La zona donde se efectuó la parcelación, construcción del camino y la edificación de los chalets se denomina Can Simó, junto al llogaret de Llucalcari. Desde 1972 tiene la consideración de Paratge Pintoresc y en 1985 se reconvierte en Bé d'Interés Cultural.
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