La Fiscalía de Balears presentó ayer un escrito solicitando que el denominado 'caso caballistas', que apunta a un presunto delito de falsedad en documento oficial supuestamente cometido por once dirigentes del Partido Popular, pase al Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) dada la condición de aforada de la alcaldesa 'popular' de Felanitx en 2005 y actual diputada en el Parlament, Catalina Soler.
El fiscal argumenta que debe ser la Sala de lo Civil y Penal del TSJB la que debe calificar los hechos, y no el titular del Juzgado de Instrucción 8 de Palma, Antoni Rotger, que esta semana dictó un auto de imputación.
Todo ello, teniendo en cuenta el aforamiento de la 'popular' Catalina Soler.
El 'caso caballistas' investiga la emisión en 2005 por parte de alcaldes o tenientes de alcalde del Partido Popular de supuestos certificados falsos para legalizar una casa en suelo rústico del entonces primer edil 'popular' de ses Salines, Sebastià Vidal, alegando que era un club hípico.
Si el TSJB acepta la petición del fiscal, iniciaría los trámites pertinentes para asumir la causa y, en primer término, tendría que dirigirse al Parlament de les Illes Balears para confirmar la condición de diputada de Catalina Soler.
Si la Sala de lo Civil y Penal del TSJB inicia la investigación, además de la aforada tendrían que prestar declaración el resto de once imputados.
Hasta ahora, la norma impuesta por el TSJB es que sean los jueces de instrucción los que desarrollen y finalicen la investigación de las causas en las que aparecen personas aforadas, aunque sea la Sala, más tarde, la que se pronuncie sobre la posibilidad de que haya indicios delictivos. En ese extremo, el juez de Instrucción 8 debería haber trasladado el sumario al TSJB, para que se pronuncie, y no dictar un auto de imputación para los once dirigentes del PP.
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