Instalaciones de la incineradora, en Son Reus, a donde llegan miles de toneladas de basura cada día.

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Los ayuntamientos aplican puntualmente la subida de las tarifas de la basura correspondientes al tratamiento de los residuos sólidos -incineración-, pero lo cierto es que después hay administraciones locales que no pagan a Tirme. Es decir, cobran a los ciudadanos, pero después no abonan lo que deben. Así lo ponen de manifiesto los datos facilitados a este diario por la empresa concesionaria de la incineración. En total, ayuntamientos y empresas municipales deben a la adjudicataria 11,8 millones de euros, una cantidad considerable.

Tirme pasa factura a los ayuntamientos cada dos meses y cobra en función de las toneladas de basura que lleva a sus instalaciones. La mayoría van al día, pero destacan 10 organismos que no lo hacen. Deben importantes cantidades los ayuntamientos de Artà, Bunyola, Deià, Llucmajor, sa Pobla, Sóller, así como las empresas municipales de Alcúdia y Pollenca y la Mancomunitat de la Serra de Tramuntana.

Especialmente abultada es la deuda del Ajuntament de Llucmajor que debe 4,9 millones de euros, un débito que acumula desde principios del año 2005 y que la mayor parte corresponde al año pasado. Le sigue la empresa municipal de Pollença -Emser 2000- , que ha contraído una deuda con Tirme de 2,2 millones de euros. Debe todas las facturas de 2007 y cinco de 2006. Todas superan los 100.000 euros y algunas los 300.000 euros.

La Empresa Municipal de Servicios de Alcúdia también figura en la lista de morosos de Tirme y acumula desde abril de 2006 una deuda que se eleva a los 2,1 millones de euros.

El Ajuntament de Sóller también tiene pendiente un pago considerable. El débito alcanza los 887.114 euros y tiene facturas sin pagar de los años 2007 y 2006. Asimismo, Bunyola debe a Tirme 536.694,86 euros. Tiene facturas pendientes de pago de desde 2003. La deuda de sa Pobla es de 530.000 euros correspondiente a todo el años 2007. Por la cantidad económica, le sigue el Ajuntament d'Artà que no ha abonado a la concesionaria los 362.001 euros del años pasado. La Mancomunitat de la Serra (Esporles, Puigpunyent, Estellencs y Banyalbufar) debe 125.362 euros, y los ayuntamientos de Deià y Fornalux, 85.073 y 41.219 euros, respectivamente.