El Juzgado Contencioso Administrativo ha concluido que el Ajuntament de Santanyí actuó correctamente con el decreto de paralización de actividades de la Gravera Sa Creu firmado el pasado 6 de septiembre de 2007. El decreto ordenaba la paralización y clausura de la actividad extractora de sa Gravera al no tener licencia municipal de apertura y funcionamiento y como medida cautelar después que durante al noche del 23 al 24 de agosto se produjera un desprendimiento de la carretera que asciende al Santuario de Consolació. La carretera permaneció cerrada al tráfico durante unos días.
El juez entiende que «la actividad ha causado perjuicios ya que se produjo un desprendimiento de tierras y por tanto se produjo la afectación de los intereses generales consistentes en la seguridad de personas y bienes durante el ejercicio de la actividad y en la adecuación de esta actividad a la salvaguarda del medio ambiente que está afectado en un grado máximo».
Los propietarios de sa Gravera sa Creu interpusieron un recurso contra este decreto solicitando al Juzgado de lo Contencioso la suspensión del mismo. En este recurso el titular de la empresa presentaba como argumentos el hecho de «haber explotado la cantera durante 41 años» y el haber funcionado pacíficamente y con todas las autorizaciones correspondientes». La empresa defendía también el perjuicio que le provoca la imposibilidad de ejercer su actividad y también los intereses de los trabajadores que resultarían afectados por la clausura de las instalaciones.
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