Imagen del solar más próximo al mar, donde se construirán pisos.

Imagen del solar más próximo al mar, donde se construirán pisos.

Elena Ballestero19/05/08 0:00
TW
0

Una vecina de Cala Molins que prefiere mantenerse en el anonimato se ha sumado a la campaña contra la construcción de 39 viviendas plurifamiliares distribuidas en cuatro solares de la UNAC-33, la urbanización situada en la falda de Can Botana, junto al aparcamiento de Cala Molins. El Ajuntament se enfrentaba ya a dos contenciosos por autorizar la construcción de 39 viviendas plurifamiliares, contenciosos interpuestos por el propietario de una vivienda unifamiliar situada en la misma zona y por Esquerra Unida y el GOB. Ahora, por tercera vez en apenas unos meses, una vecina de la urbanización vuelve a pedir al juez que suspenda cautelarmente las obras para evitar un daño irreparable en el paisaje.

Las licencias de obra fueron concedidas el último año de la legislatura pasada, siendo alcalde Bartomeu Cifre (PP), con informes técnicos favorables, pero los vecinos y ecologistas cuestionan la actuación de los técnicos y defienden la ilegalidad de un acto administrativo que de haberse demorado unos meses habría impedido definitivamente la construcción de pisos en este entorno emblemático. Las licencias fueron otorgadas conforme a la normativa urbanística de 1990, a sabiendas de que en sólo unos meses entraría en vigor un nuevo planeamiento urbanístico (la adaptación del PGOU al POOT), cuya tramitación se ha demorado quince años y que imposibilitaba defitinivamente la construcción de pisos en la zona. En los contenciosos interpuestos en el juzgado administrativo número 2 de Palma, los vecinos aseguran que «el Ajuntament ha actuado fraudulentamente, porque en el momento de conceder las licencias de obras cuya suspensión se pretende, era perfectamente consciente de que podía ser inminente la aprobación definitiva del PGOU que impediría ejecutar la urbanización de conformidad a las previsiones de 1990».

En el tercer contencioso que ahora se tramita, los demandantes adjuntan un oficio del arquitecto municipal al entonces alcalde de Pollença, Bartomeu Cifre, en el que le advierte de la necesidad de tramitar con urgencia un proyecto de dotación de servicios para la urbanización con el objeto de soslayar las previsiones del nuevo planeamiento que estaba a punto de entrar en vigor. Según los vecinos, los técnicos obviaron además la aprobación de una norma complementaria a la normativa urbanística de 1990, aprobada en 1995 y que reduce el número de viviendas que se pueden construir en la zona.