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LAURA MOYÀ El pleno del Consell revocó ayer 23 subvenciones del Pla d'Obres i Serveis (POS) tras detectar que no se habían certificado de forma correcta. Se trata de actuaciones antiguas realizadas entre los años 2002 y 2005 que todavía tenían que abonarse.

Miquel Rosselló, conseller insular de Cooperació Local, insistió en que se trata de obras «no justificadas» de forma correcta y que, por tanto, «no cumplían con los requisitos». Rosselló aseguró que, del millón y medio de euros, cerca de 1'1 millones pertenecen a las partidas que dependían del Govern y el Ministerio de Administraciones Públicas. El resto, corresponde al Consell de Mallorca.

El conseller se basó en un informe jurídico para tomar la decisión final sobre si las subvenciones tenían o no que revocarse. El texto destaca que los municipios afectados (Calvià, la Mancomunitat del Raiguer, Manacor, Marratxí, Santa Margalida, Selva, Sóller y Alcúdia) han incumplido el plazo para finalizar las obras. Tras comunicarles de forma oficial la puesta en marcha del expediente de revocación, los ayuntamientos tuvieron un plazo de quince días para presentar alegaciones. Siete proyectos se salvaron de la anulación final tras aportar los consistorios la documentación suficiente para acreditar que las obras se habían llevado a cabo de forma correcta. De las alegaciones presentadas, el Consell aceptó cuatro: una relativa a una subvención concedida a Palma en 2003, otra a Marratxí en 2004, Pollença en 2004 y Manacor en 2005, que sí serán abonadas.

El conseller de Cooperació Local aseguró que la institución insular tendrá «especial sensibilidad» con los ayuntamientos afectados por la revocación de las subvenciones.

Las subvenciones anuladas corresponden a Plans d'Obres i Serveis de diferentes años. Se trata, en su mayoría, de actuaciones destinadas a mejoras en la pavimentación, el sistema de alcantarillado y en dotaciones de servicios. También se incluyen ayudas al Pla de Camins Rurals de la Mancomunitat del Raiguer o colectores de pluviales.