Algunos de los cargos populares implicados en el 'caso Caballistas' asegura sentirse «utilizado» por el ex alcalde de Ses Salines, Sebastià Vidal. Afirman que se utilizaron los documentos para una finalidad que ellos desconocían. Otros apuntan a otros responsables ya que no ven capaz a Vidal de poner en marcha el proceso.
Quien sí aprovecha el caso es el PSOE. El secretario de Organización del PSIB de Mallorca, Cosme Bonet, exigió ayer seis años de prisión para los doce imputados, ya que considera que todos son «autores responsables» de un delito de falsedad documental. La Fiscalía sólo ha pedido penas de prisión para el ex alcalde de Ses Salines y el alcalde de Campos, Andreu Prohens y ha considerado al resto de cargos «autores imprudentes».
Los socialistas también quieren que cuatro ex consellers del PP asuman responsabilidades. Se trata de Jaume Font, Joan Flaquer, Rosa Puig y Margalida Moner que según Bonet, estarían «implicados» en una «trama de corrupción», después de que en avalaran la declaración de interés general del falso club hípico utilizado por Vidal para legalizar una casa en suelo rústico.
El Partido Popular, mediante un comunicado, confía en que la apertura de juicio oral «dará la oportunidad para que los encausados demuestren que no han actuado con dolo, ni siquiera con imprudencia». En el documento, la formación recuerda que Sebastià Vidal dimitió de sus cargos por este caso, «mientras que el actual alcalde del PSOE sigue sin dimitir por una infracción urbanística grave». También desde el PP, los miembros de la candidatura a la presidencia autonómica del partido que encabeza Carlos Delgado afirman que los cargos políticos tienen que ser «limpios y honestos». Así, aseguran que en su candidatura no hay imputados por este caso, mientras que en la de la presidenta del PP, Rosa Estaràs, están los alcaldes de Selva y Felanitx, Joan Rotger y Catalina Soler. En la misma línea, el PSOE también pregunta a Estarás dónde está el nuevo PP.
Por su parte, el PSM también exige que se asuman responsabilidades políticas por el caso y piden que todos los cargos políticos acusados abandonen de manera cautelar la vida pública, «por higiene democrática».
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