La estrategia de defensa en juicio de los acusados Joaquín Rabasco, María del Amor Aldao y Lluc Tomás, «situó» ayer ante la responsabilidad de toda presunta irregularidad por contrataciones y pagos a artistas en Llucmajor a Antònia Sunyer, quien entre los años 2000 y 2002 fuera concejal de Fiestas del municipio y ahora está al frente de Educación en el Ajuntament.
Ante la estrategia desplegada por los letrados, el fiscal Anticorrupción de Balears, Juan Carrau, que ejerce personalmente la acusación en el juicio, solicitó y obtuvo de la Sala juzgadora de la Audiencia de Palma interrogar también a Sunyer como testigo, lo que le permitirá, conforme a procedimiento, someterla a cuestionario antes que las defensas y tratar de abundar en el plano incriminatorio para los acusados.
En la primera sesión del juicio que enfrenta a Rabasco y Aldao a severas penas de cárcel y multas, por presuntos delitos de negociaciones prohibidas, cohecho, fraude a la Administración y alzamiento de bienes; y a Tomás -que sigue siendo alcalde de Llucmajor- a una larga inhabilitación para cargo público por negociaciones prohibidas y fraude administrativo, se retiró como acusador particular el iniciador del proceso Juan José Maestre, concejal del PSIB en el municipio en el momento de los hechos juzgados, que hoy no ejerce responsabilidad en ese Ajuntament y está afiliado a otro partido.
Aldao, que en el escrito de la Fiscalía figura como creadora de cuatro empresas que contrataron con el Ajuntament de Llucmajor algo más de un millón de euros en servicios -principalmente contratación de artistas para fiestas del municipio-, se acogió al derecho de no contestar al interrogatorio del friscal y a preguntas de su defensor dijo no haber pagado «ninguna mordida» a Joaquín Rabasco para obtener contratos del municipio, y justificó transferencias -alrededor de 14 millones de pesetas- a cuentas bancarias de Rabasco como pago de préstamos personales que el ex edil de Llucmajor le hacía «y que yo le devolvía en el momento que el Ajuntament me pagaba los servicios que había contratado».
Rabasco, que también eludió el interrogatorio del fiscal, señaló a preguntas de su letrado que no autorizó pagos relacionados de contratación de artistas o ervicios para las fiestas, «puesto que eso era función de la concejala Sunyer», y sí en cambio para actos deportivos «que eran mi responsabilidad».
De su lado Lluc Tomás, que es alcalde de Llucmajor desde 1999, se sometió a las preguntas del fiscal por espacio de más de dos horas y negó en todo momento haber seguido indicaciones de Rabasco para autorizar los pagos a lassociedades lideradas por Aldao -en una de ellas, Majo Sport SL, el ex teniente de alcalde procesado figuraba con amplios poderes de representación-, señaló que no tenía relación personal con la empresaria «fuera de la cortesía formal que se tiene con todo proveedor del Ajuntament», y repitió decenas de veces que tenía y tiene hoy «plena confianza en el desempeño de funcionarios y concejales de Llucmajor».
El vicepresidente del PP y alcalde de Inca, Pere Rotger, asistente ayer a la sesión inaugural del juicio, señaló que su presencia era debida no sólo a la amistad que profesa al alcalde y correligionario Tomás sino también a su convencimiento de que el primer edil de Llucmajor «es inocente de las acusaciones formuladas contra su persona».
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