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MARGALIDA BONNÍN El conflicto por las licencias de obras otorgadas por el anterior gobierno del PP en la urbanización del Port Verd, en Son Servera, está lejos de acabar. Ahora la asociación de vecinos reclama que el Ajuntament actúe con «responsabilidad» y no siga adelante con las licencias porque «son ilegales».

Después de un año en que estas licencias -que supondrían la construcción de unas 100 viviendas-, han estado en suspensión para ser revisadas, el Ajuntament ha decidido levantar la suspensión a dos de ellas, porque «se han adaptado a la normativa», según apunta Josep Barrientos (PSOE), alcalde de Son Servera. Esto significará dar luz verde a la construcción de 38 pisos.

Ante la actuación del consistorio, la asociación de vecinos del Port Verd amenaza con poner un contencioso al Ajuntament si permite nuevas licencias y reclama que éste «solucione los problemas del pasado».

Según los vecinos, las indemnizaciones que se tendrían que pagar si se derogasen todas las licencias ahora serían un 10 por ciento de lo que se tendrá que abonar si una vez construidos los edificios se demuestra que éstos son ilegales. «Sería un gasto multimillonario para el pueblo», apunta Carme Galmés.

Así, el conflicto del Port Verd se consolida como un palo en las ruedas del actual equipo de gobierno serverí. «Es una mala herencia del PP», declara Barrientos. Y es que todas estas licencias se otorgaron en el último año de legislatura de Damià Ripoll (PP), anterior alcalde de la localidad.

Según argumentan los vecinos del Port Verd, no sería legal la construcción en ningún solar de la urbanización, ya que «toda ella es ilegal» porque no forma parte de un proyecto de urbanización aprobado.