Las seis viviendas de protección oficial (VPO) de Deià tendrán que volver a ser adjudicadas, ya que a cinco de las seis personas a las que les adjudicaron los inmuebles les ha vencido el plazo de la opción de compra, y la sexta asegura que tampoco tiene posibilidades de conseguir la cantidad requerida. El motivo es que ninguna entidad bancaria les ha querido conceder una hipoteca y el régimen de las viviendas (concertado) impide que se puedan beneficiar de ayudas estatales o autonómicas.
Por ello, el Institut balear de l'Habitatge (Ibavi) convocará un nuevo concurso para adjudicar las seis VPO. Además, la gerente de este organismo, Catalina Cladera, ha anunciado a este periódico que el pasado 9 de julio, «viendo las dificultades de los adjudicatarios para conseguir un crédito», solicitaron a la Conselleria d'Habitatge un cambio de régimen concertado a general. De este modo, las viviendas que hasta ahora tenían un valor de venta de unos 230.000 euros se abaratarán unos 50.000 euros. Además, las personas a las que se les entreguen estas viviendas podrán beneficiarse de ayudas, tanto autonómicas como estatales, que suponen una media de unos 20.000 euros. De este modo, el precio de las VPO pasará de ser de 230.000 euros a 160.000 euros.
La gerente del Ibavi explica que todas las personas de Deià que lo deseen y cumplan los requisitos (que serán similares a los del anterior concurso), incluidos los seis adjudicatarios iniciales, podrán presentarse al nuevo concurso. Los interesados podrán presentar las solicitudes a mediados de agosto y la intención es que en unos cinco meses las viviendas puedan ser adjudicadas. Sin embargo, los seis jóvenes adjudicatarios de las viviendas no están de acuerdo con el procedimiento que ha seguido el Ibavi. Además, critican que les dijeron que se podían beneficiar de ayudas para poder adquirir los inmuebles. Por ello, ayer presentaron un escrito en el Ibavi en el que le solicitan que «cumpla el compromiso adquirido», ya que consideran que se trata de un «error» que cometió el citado organismo que les «informó mal».
El alcalde de Deià, Jaume Crespí, apoya a los jóvenes. Por ello, el escrito que entregaron en el Ibavi también está firmado por el ayuntamiento. Además, critica al Institut balear de l'Habitatge por haber puesto un precio tan alto a las VPO. Por todo ello, no descarta tomar medidas legales en función de cómo se desarrollen los acontecimientos.
Sin embargo, Cladera acusa al primer edil de Deià de «hacer demagogia, porque el que les atribuyó el régimen concertado fue en PP». En este sentido, la gerente del Ibavi argumenta que la culpa es de la ex consellera d'Obres Públiques de la pasada legislatura, Mabel Cabrer. «Nosotros nunca le habríamos puesto régimen concertado, porque son más caras e impiden recibir ayudas».
Sin comentarios
Para comentar es necesario estar registrado en Ultima Hora
De momento no hay comentarios.