La Comissió Insular d'Urbanisme del Consell debate esta mañana una propuesta técnica que paralizará de nuevo la adaptación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Calvià y las diecinueve modificaciones puntuales del planeamiento que el gobierno de Carlos Delgado había incorporado al documento. De ser aprobado el informe de los técnicos, será la segunda ocasión en la que la institución insular devuelve el documento al Ajuntament.
La ponencia técnica es particularmente dura con la pretensión de Delgado de incorporar 90 hectáreas de crecimiento urbanístico vinculadas a Àreas de Reconversión Territorial, sin justificar de forma adecuada este incremento. Esta figura implica que la edificabilidad prevista en una zona pasa a otra del municipio. Los técnicos señalan que el Ajuntament dice dónde quiere crecer, pero no señala cuáles serían las zonas en las que se eliminaría suelo urbanizable.
Además, deniega de forma taxativa cinco de las modificaciones puntuales, que afectan a Son Ferrer e Illetes, Santa Ponça Nou y Consta d´en Blanes. El resto de modificaciones puntuales queda en suspenso.
En el informe se señalan también una serie de deficiencias que el Ajuntament tendrá que subsanar. Se trata de una serie de dieciséis indicaciones de carácter técnico y además, se advierte que se tendrá que someter de nuevo a información pública el documento definitivo.
El Bloc pide más recortes
El representante del Bloc en la comisión insular, Antoni Alorda, pedirá además en la comisión de hoy que se recorte el crecimiento urbanístico del municipio. Alorda advierte que el plan del 2004 retiraba seis hectáreas de crecimiento en Calvià y pedirá que ahora estas pasen a ser suelo rústico. Además, señala que las 90 hectáreas que el equipo de gobierno del Ajuntament prevé crecer significan 9.000 plazas, por lo que habría que recortar esas mismas entre las ya existentes. «Desde el Bloc sólo se entienden las reconversiones que no suponen un incremento de plazas y no creo que Delgado tenga ninguna intención de actuar sobre las que ha hay», concluye.
V. MALAGÓN/J. ROSSELLÓ
Los destituidos por Delgado mantienen la prudencia en público sobre la decisión del alcalde de despedir a 21 de los 60 asesores que tiene en el Ajuntament. En privado, la gran mayoría muestra un enfado considerable con las formas empleadas por el alcalde. Así, señalan que no fue él el encargado de notificar los ceses y que fue el director de servicios generales, Joaquín Legaza, el que se ocupó de llamar a los despedidos, citarles en el Ajuntament y trasmitirles la noticia.
Así al menos ocurrió con la ex consellera de Presidencia, Rosa Puig, según confirma ella misma. A la salida de la reunión del grupo popular en el Consell, del que forma parte, Puig señaló que los ceses «son potestad del alcalde» y lo asumió como parte normal de un contrato de confianza: «Los que durante cuatro años hemos estado en el Govern sabemos bien lo que es». A la pregunta de si los ceses estaban motivados por el resultado del congreso, Puig opta por la diplomacia: «A mí, personalmente, la versión que me han dado es que la medida se ha tomado por la crisis económica y no tengo por qué dudar de ello». La ex consellera estaba hasta ahora de baja por maternidad, por lo que llevaba unos meses fuera del Ajuntament.
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