El alcalde de Santa Margalida, Martí Torres, formalizó el pasado 9 de septiembre el pago de la multa de 1.000 euros que le impuso la juez Carmen Frigola por no haber ejecutado la orden de derribo que había contra las obras que realizó un vecino sin licencia en una vivienda de Can Picafort. La multa ya había sido abonada a cargo de las arcas municipales cinco días antes, pero un requerimiento de la juez interrogando sobre el origen de los fondos hizo que el alcalde diera marcha atrás y abonara la sanción.
El requerimiento pedía al secretario municipal que certificara en el plazo máximo de diez días la procedencia de los fondos utilizados para la consignación de la multa de forma que se especificara si se trataba de fondos públicos o pertenecían al peculio personal del alcalde con el objetivo de depurar posibles responsabilidades penales, incluso por malversación de fondos.
El alcalde confirmó ayer que, tal y como sospecha la juez, había sido el Ajuntament quien pagó la multa aunque según Martí Torres «lo que se hizo fue un ingreso a cautela a la espera que la juez determinara quién tenía que pagar». El alcalde asegura que «esto se puede hacer basándose en el artículo 48 de la ley de jurisdicción contencioso administrativa, ante la imposibilidad de determinar de manera clara quien debe pagar la multa y sin perjuicio de que después pueda repercutir el pago contra el responsable».
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