El Ajuntament sanciona unas cuadras ilegales de un testigo del 'caso Caballistas'

Un testimonio de la defensa del 'caso Caballistas' posee un centro ecuestre supuestamente ilegal en una finca rústica ubicada entre Inca y Llubí dentro del término municipal de Inca, según consta en el Ajuntament de la ciudad. Concretamente, el propietario de dicho centro, Jaume Aguiló, habría derribado una edificación ya existente y en su lugar habría levantado otras seis nuevas edificaciones que suman alrededor de 6.000 metros cuadrados sin las correspondientes licencias municipales. Además, Aguiló habría construido tres pistas para caballos de 3.000 metros cuadrados, habría colocado diez casetas de madera y habría cerrado la finca. Todo ello sin ningún permiso del Ajuntament de Inca. Asimismo el consistorio inquer tampoco tiene constancia de que el centro ecuestre disponga de la correspondiente licencia municipal para poder desarrollar la actividad.

Ante esta situación, está previsto que en el pleno que se celebrará esta mañana en el Ajuntament de Inca, el alcalde Pere Rotger informe de los decretos de Alcaldía que prevén el inicio de dos expedientes sancionadores en contra de Jaume Aguiló, una para cada infracción. Los decretos de Alcaldía también requieren al promotor del centro ecuestre que solicite al Ajuntament de Inca «la oportuna licencia municipal». «Si antes de dos meses no se hubiera solicitado o se hubiera denegado», se formularía una «propuesta de demolición o reconstrucción de las obras» y se pediría a la empresa suministradora de electricidad la suspensión del servicio.

Por lo que se refiere a la licencia de actividad, el decreto concede cinco días a Aguiló para que «acredite la legalidad de la actividad», con la advertencia de que la no acreditación supondría la adopción de la medida cautelar de paralización y clausura de la instalación.

Circunstancialmente, el promotor del centro ecuestre Jaume Aguiló está citado a declarar el próximo dos de diciembre por el conocido 'caso Caballistas', una presunta trama orquestada por el ex alcalde de Ses Salines Sebastià Vidal para legalizar una vivienda suya en suelo rústico mediante un interés general que obtuvo gracias al apoyo de once ayuntamientos de su mismo partido político, el Partido Popular.

Jaume Aguiló está citado a declarar como testimonio por la defensa de algunos imputados en el caso: el ex alcalde de Ses Salines Sebastià Vidal; Joan Jaume Mulet, alcalde en funciones de Llucmajor; Antoni Serra y Jaume Llabrés, ex alcalde y ex regidor de sa Pobla respectivamente; el ex alcalde de Lloret Joan Jaume; Antoni del Olmo, ex alcalde de Santa Margalida; el alcalde de Montuïri Gabriel Matas; el regidor de Firas de Inca Joan Rubert y el alcalde de Selva y aspirante a la presidencia del PP insular Joan Rotger. Todos ellos son políticos del Partido Popular que en la pasada legislatura o en la presente han estado o todavía continúan en la primera línea de algunos ayuntamientos.