Rafel Febrer, el encargado de la obra Guillem Comes, y el abogado Eduardo Valdivia ayer en Manacor. Foto: G.M.

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GUILLEM MAS

El encargado de la obra de reforma del hotel Son Moll de Cala Rajada, Guillem Comes, defendió ayer ante la juez titular del juzgado número 2 de Manacor, Martina Mora, que las normas de seguridad existentes en la obra eran las correctas a su parecer.

Aparte de Comes, ayer declararon ante la juez el arquitecto municipal del Ajuntament de Capdepera, Salvador Juan, y el celador Llorenç Melis, los tres en calidad de testigos. Poco más de seis horas duraron las declaraciones, siendo la de Comes la más duradera con tres.

El encargado de la obra, quien acudió acompañado por Rafel Febrer propietario de Truco Construccions, tuvo que responder a una batería de preguntas sobre las medidas de seguridad en la obra, la estructura y otras de carácter más técnico. A pesar de que durante las dos semanas anteriores al fatídico accidente se produjeran importantes lluvias, Guillem Comes comentó que no le dio suficiente importancia como para preocuparse por si este hecho podía afectar a la estructura del edificio del hotel Son Moll.

Así, defendió las medidas de seguridad existentes en la obra y el buen estado de la estructura pese a las fuertes precipitaciones de los días anteriores a los hechos.

Por otra parte, tanto el arquitecto Salvador Juan como el celador Llorenç Melis del Ajuntament de Capdepera ratificaron que la propiedad del hotel Son Moll desarrollaba la obra de reforma del edificio sin licencia.

Quien fue más claro fue el celador Melis, que declaró que informaba puntualmente al alcalde de Capdepera, Bartomeu Alzina, de los informes que realizaba sobre la obra ilegal del hotel.

Melis fue más allá y apuntó que cuando informaba al alcalde de lo que sucedía él respondía con «muy bien, gracias», por lo que se puede desprender que Alzina no tuvo en excesiva consideración las informaciones del celador del Ajuntament.

Según fuentes judiciales, las declaraciones del arquitecto y del celador sumadas a las que realizaron hace quince días los constructores y la propiedad, apuntan a la posibilidad que el alcalde Bartomeu Alzina acabe imputado en el caso Son Moll. Las declaraciones de los técnicos abren la puerta a que Alzina tenga que responder a algunas preguntas de la juez sobre su actuación, al tener conocimiento de que las obras se desarrollaban sin licencia de obras.

Para el próximo lunes, se tiene previsto la toma de declaración de los heridos.