Acaba de cumplirse un año desde que el juez rechazara paralizar cautelarmente las obras de construcción de viviendas plurifamiliares en la falda de la montaña de Can Botana, en la primera línea de Cala Sant Vicenç. La resolución era demoledora para vecinos y ecologistas. Las nueva promociones de pisos no causan un daño «irreversible» en la Cala porque aún cabe la posibilidad de demolición. Desde entonces hasta ahora la construcción de pisos (con todas las licencias urbanísticas en orden) ha seguido adelante.
A diferencia de lo ocurrido en otros enclaves, la crisis de la construcción no ha llegado a la primera línea de Cala Molins. Prueba de ello es la impresionante grúa y el vaciado del solar más próximo a la playa. Cuatro son los solares que disponen de licencia para edificar hasta 39 viviendas, seis de ellas, ya están prácticamente finalizadas.
La construcción de plurifamiliares en la UNAC-33 de Pollença (ese es el nombre técnico que recibe la urbanización situada junto al torrente de Can Botana) dispone de todas las licencias, concedidas in extremis pocos meses antes de las elecciones municipales, siendo alcalde de Pollença Bartomeu Cifre (PP-UMP), a sabiendas de la inminente entrada en vigor de una nueva normativa urbanística que imposibilitaría de por vida este tipo de construcciones en la zona.
El 5 de mayo de 2008 el Consell de Mallorca aprobaba definitivamente después de trece años de tramitaciones la nueva normativa urbanística mucho más restrictiva. Para entonces era tarde y sólo restaba la vía judicial.
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