El alcalde se salva, por ahora, de seguir pagando la multa por los chalets de Llucalcari

La Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJB ha admitido parcialmente a trámite su recurso en la provisión dictada por esa instancia el pasado 31 de marzo, que, entre otras diposiciones instaba una vez más al alcalde a derribar los chalets ilegales y lo condenaba a pagar una multa de 600 euros -primero mensuales y después semanales- como medida coercitiva hasta la ejecución completa de la sentencia.

En esta nueva resolución el tribunal admite que, tal como argumentó en su momento el Ayuntamiento de Deià, «no resolvió debidamente» su petición de auxilio judicial para poder entrar en los chalets de Llucalcari y procedió a la redacción de los proyectos de demolición, por lo cual, a pesar de «mantener en todos sus términos la provisión de 31 de marzo del 2009», dice, «tengamos que dejar sin efecto y en suspensión, provisionalmente, la imposición de las multas». No obstante, en este auto emitido por el presidente de la sala competente del TSJB, Gabriel Fiol, y por los magistrados Fernando Socias y Carmen Frigola, el tribunal considera que la parte demandada, con las manifestaciones expuestas en su recurso, «obstaculiza una vez más una recta administración de la justicia» y, en definitiva, intenta «una nueva dilación en el tiempo sin ningún tipo de justificación», aludiendo a todos los «autos y provisiones que se han ido sucediendo sin ninguna respuesta eficaz», es decir, el derribo de los chalets.

El proceso continua
Jaume Crespí expresó ayer su satisfacción por la suspensión de la sanción, ya que ya había abonado las dos primeras multas mensuales de 600 euros y había anunciado su intención de dimitir antes de tener que asumir la misma cantidad semanal. Crespí cree que este auto demuestra que «actué corrrectamente y que la sanción era desproporcionada, ya que en ningún momento intenté detener el proceso de demolición y fue el tribunal quien no contestó a nuestra demanda de colaboración».

Sin embargo asume que se trata de una medida «provisional» y que el Ajuntament, ahora ya de acuerdo con el Consell de Mallorca que asumirá la demolición, «tendrà que hacer lo que haga falta para ejecutar la sentencia», aunque cree que ahora «ya no depende de él».