La mayoría de las 97 viviendas construidas en 16 bloques en el suelo protegido de Montport, en el Port d'Andratx, está vendida. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) que avala las normas urbanísticas del municipio que aprobó el Consell de Mallorca en 2007, da la razón a PSOE, UM y PSM que en su día, cuando estaban en la oposición, mantenían que era zona protegida, pero ahora en el equipo de gobierno les planteará un problema de envergadura.
El Ajuntament 'popular', que presidía Eugenio Hidalgo mantenía, que era suelo urbano y como tal dio licencia a la promotora para construir los bloques. Ahora, el equipo de gobierno teme que sentencias posteriores declaren que las licencias estuvieron mal concedidas y las reclamaciones tendrán lugar ante el Ajuntament d'Andratx. Epifanio Méndez, regidor de Urbanismo, está convencido de que los propietarios se van a defender.
«En su día», explica Méndez, «ya se les comunicó desde el Ajuntament que podían personarse en la causa judicial abierta por esta construcción». Pero la reclamación de indemnizaciones se realizará al Ajuntament d'Andratx por ser ésta la institución que dio los permiso, y las cantidades pueden ser desorbitadas.
El regidor socialista indica que el Consistorio aún no se ha planteado cómo hacer frente a esta situación. «Para el Ajuntament es irrealizable poder pagar las indemnizaciones; tendremos que acudir a instancias superiores. De todas forma, el proceso aún se alargará bastante en el tiempo.
«Nosotros deseamos la demolición de estos bloques ilegales, pero esto implica unas consecuencias», sentencia el responsable del Urbanismo de Andratx.
El Ajuntament ya se enfrenta a un caso semejante en Cala Llamp. Una sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo que declara ilegales unos edificios construidos en este núcleo costero del municipio. El recurso de la promotora se basaba, al igual que la de los bloques de Montport, en que el suelo era urbanizable ya que contaba con todos los servicios en vigor antes de la entrada en vigor de las Directrices de Ordenación del territorio aprobadas por el Consell de Mallorca. El Consistorio igualmente se puede enfrentar al pago de indemnizaciones. Salvo que en este caso se han paralizado las obras de dos edificios que incluyen seis viviendas. «Éstas no son nada comparadas con las de Montport», precisa Epifanio Méndez.
El Consistorio, además, se podría ve obligado a acometer y asumir el coste del derribo para la restitución del terreno a su estado original. Los terrenos están calificados como Àrea Rural de Especial Interés.
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