Los vecinos de la urbanización del Vilà en Pollença reclaman al Ajuntament 3'5 millones de euros por no haber sido capaces de desarrollar su urbanización antes de que el Govern balear la desclasificara parcialmente a través del decreto Ley de Medidas Cautelares aprobado por Mobilitat en enero de 2008.
La desclasificación aprobada por el Govern (el suelo pasa de urbano a rústico) afecta exclusivamente a la zona alta de la montaña pero incluye la desclasificación de una zona verde de 8.000 metros cuadrados que los propietarios de los terrenos de la falda de la montaña precisan para desarrollar el resto de la urbanización. El citado decreto obliga además a construir viviendas sociales lo que según los vecinos supone una «desclasificación encubierta de la falda del Vilà» donde a efectos prácticos ahora no se puede construir.
A la espera de que se apruebe definitivamente el 'decreto Nadal', que suavizará las condiciones de la desclasificación introduciendo una medida transitoria por la cual en las urbanizaciones en las que haya zonas verdes se podrán sustituir por suelo rústico, los vecinos exigen al Ajuntament el pago de 3'5 millones de euros en concepto de indemnización, y es que los vecinos culpan directamente al Ajuntament de no haber desarrollado en su día esta urbanización.
Desde el Ajuntament de Pollença el alcalde, Joan Cerdà, asegura que los cambios introducidos en la normativa local durante la última década con el objetivo de reducir el impacto de las edificaciones allí previstas se aprobaron con el visto bueno de los vecinos y que todas las tramitaciones se han seguido al ritmo que marca la ley.
La urbanización del Vilà comenzó a edificarse en la década de los sesenta y quedó a medio construir tras declararse en quiebra su promotor.
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