Una auditoría determinará si hubo irregularidades en las obras del carril bici

Será una auditoría externa la que aclarará finalmente si hubo alguna irregularidad en las obras del carril bici de Son Servera y cuál es el coste final. Así lo ha anunciado el equipo de gobierno después de que el PP, en la oposición, hiciera pública su decisión de poner el tema en manos de la fiscalía y se apuntara al PSOE como responsable. El Partido Popular denunció, a este periódico, que las obras habrían costado el doble de lo previsto. El presupuesto inicial era de 800.000 euros y al final se calcula que rondará los 1,7 millones.
Ayer el ex alcalde, Josep Barrientos, acompañado de sus regidores socialistas, salió públicamente a defender esta actuación y si bien reconoció errores en el proceso administrativo, se mostró «muy tranquilo». «Asumiré todas las responsabilidades que se puedan derivar de estos errores», a la vez que sentenció que «según los juristas se ha hecho todo dentro de la legalidad».
Para evitar cualquier suspicacia el equipo de Gobierno ha decidido contratar esta auditoría que se pondrá en marcha la semana que viene y a la que se destinarán unos 15.000 euros.
Barrientos manifestó su satisfacción por cómo habían quedado las obras y recordó que «han significado un cambio muy importante». Reprochó que el PP hubiera comparado el caso con el Palma Arena. «Ni estoy en Washington, ni me he hecho un palacete».
Por su parte, el regidor de Urbanismo, Joan Riera, explicó paso a paso las diferencias entre el proyecto inicial y el proyecto ejecutado. Habló que el proyecto modificado ha supuesto unos incrementos como un 30% más de superficie de carril bici, un 60% más de aceras nuevas, un aumento de un 90% en la longitud de la canalización y líneas de alumbrado público y se ha multiplicado por más de cinco el número de árboles plantados. Todas estas actuaciones, entre otras, «lo que han hecho ha sido que se doblara el presupuesto».
Riera explicó que «se llegó a un acuerdo de ocupación con los propietarios. La expropiación se hará a 30 años para evitar que no se perdieran los derechos urbanísticos. En febrero se aprobarán los informes».