La auditoría sobre el carril bici divide al equipo de gobierno

Estas obras se han visto marcadas por la polémica después de que saliera a la luz que han costado el doble del presupuesto inicial. De 800.000 euros se ha pasado a 1'7 millones de euros. El Partido Popular anunció su decisión de llevar el tema a la Fiscalía para que sea la justicia la que determine si finalmente hubo irregularidades.

Contratación
A raíz de esta denuncia se decidió contratar una auditoría a petición del PSOE. Las desavenencias se pusieron de manifiesto en esta junta de gobierno. Los dos integrantes del PSOE, Josep Barrientos y Joan Riera votaron a favor; el regidor de Hacienda, Josep Alvarez (Independents) se abstuvo y quiso que constara en acta que el informe «no es vinculante y para ahorrar se abstiene». En el mismo sentido fue la abstención de Josep Mas (UM), «por el carácter no vinculante». Sin embargo, fue la regidora de Els Verds-Esquerra la que mostró su total disconformidad no sólo al votar en contra sino al exigir una reunión «con los partidos que forman el pacto» para hablar de responsabilidad políticas tras sugerir que el equipo de gobierno debería ser el que llevara a Fiscalía el tema.

El PP, partido en la oposición, ha denunciado «este desbarajuste» y «la falta de entendimiento entre los miembros del pacto, que lo único que consiguen es perder el tiempo en solucionar problemas en lugar de invertirlo en beneficio de los ciudadanos». Por ello, el PP se está planteando presentar una moción en la que se solicite que el coste de la auditoría sea asumido por el PSOE, que es quien «públicamente se ha declarado como responsable del sobrecoste». Así lo expusieron los regidores 'populares', Damià Ripoll y Jaume Servera, quienes añadieron que «esta situación refleja una vez más las fricciones de este gobierno que demuestra que lo único que les une son los sueldos». Desde la oposición mostraron su «perplejidad» por la propuesta de la regidora de Els Verds-Esquerra. «Vemos que no somos los únicos que dudamos de estas obras», pero lo que no entienden es que «no se consigan poner de acuerdo. Es una estafa al pueblo de Son Servera en mayúsculas».

Los regidores del PP exponen que «queremos una auditoría, pero no que la pague el pueblo sino aquellos que en rueda de prensa asumieron su responsabilidad ya que son 15.000 euros».