La legalidad del chalet de Lorenzo Ordinas en un ANEI se decidirá en el ámbito penal

Un informe de la Fiscalía de Balears decidirá si procede seguir con el juicio abierto por el Juzgado Contencioso-Administrativo 2 de Palma sobre la negativa del Ajuntament d'Alaró a la llegada de una red de baja tensión al inmueble que Lorenzo Ordinas Pons declara como almacén agrícola y el Consistorio refiere como una vivienda unifamiliar. La magistrada suspendió ayer la vista oral ante la posibilidad de que las diligencias penales abiertas por hechos similares en una oficina judicial de Inca precedan a su expediente, y que de ser así son prioritarias en el ordenamiento jurídico.
Protección
La vista oral abierta en la mañana de ayer en el ámbito Contencioso-Administrativo por una demanda de Lorenzo Ordina contra la negativa del Ajuntament a permitir la llegada de la instalación eléctrica a su «almacén agrícola», se había desarrollado durante casi una hora cuando la jueza advirtió en los alegatos de las partes personadas que la duda sobre la legalidad del inmueble estaba siendo seguida en Inca en el marco de unas diligencias penales.
Hasta ese momento, la representación letrada del demandante se había reafirmado en que hace seis años le había sido concedida a su patrocinado la licencia municipal para mejora de una caseta para usos agrícolas en una parcela de algo más de 50 hectáreas, y que era contrario a Derecho denegarle posteriormente el derecho a complementarla con una acometida eléctrica de baja tensión para los mismos usos agropecuarios.
Por su parte, el abogado que representaba al Ajuntament d'Alaró había sostenido en el acto de juicio que la presunta caseta para usos agropecuarios había sido convertida por su propietario en una vivienda unifamiliar, algo contrario a la legislación vigente al tratarse de un Àrea Natural de Interés Especial (ANEI), por lo que no procedía una licencia municipal para permitir allí una acometida eléctrica que no casaba con su prinmitivo objeto social.
El abogado del Consell de Mallorca, de su lado, se mostró conforme con la tesis de la municipalidad y añadió que la institución insular denegó en 2008 la declaración de interés general de esa parcela, al no cumplir los requisitos legales para justificar una habitación humana en territorio rural de especial protección.