C. Ruiz de Galarreta15/04/10 0:00
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Derribar los cuatro chalets ilegales de Llucalcari costará 677.197 euros, según consta en el proyecto de demolición de las viviendas que el Departament de Coperació Local del Consell de Mallorca ha elaborado a petición del Ajuntament de Deià. El Consistorio solicitó en junio de 2008 al organismo insular ayuda técnica para redactar los proyectos de demolición de los chalets, pero hasta noviembre pasado, y tras una orden judicial, el arquitecto no pudo entrar en tres de las viviendas para hacer las mediciones.
Ahora, el Consell ya dispone de tres proyectos de derribo y queda uno pendiente, según explica Joan Verger, director insular de Cooperació Local. «Serán demoliciones importantes por la situación, las dimensiones y la calidad de las viviendas», indica. Así se pone de manifiesto en el coste del derribo que oscilará entre los 96.000 y 193.000 euros cada uno.
Dirección
El arquitecto Llorenç Gili, que ha redactado los proyectos y que se encargará también de la dirección de las demoliciones, destaca la complejidad de estas actuaciones, sobre todo por la accesibilidad. «Normalmente para los derribos se utiliza maquinaria grande, pero en este caso tendrá que ser pequeña por los difíciles accesos con curvas. Habrá que buscar dónde cargar los camiones», asegura Gili.
Los chalets tienen dos plantas, salvo uno que tiene tres, están todos forrados con piedra, y tienen una superficie de entre 300 y 500 metros cuadrados cada uno. Dos de ellos están habitados durante todo el año.
Más complicada incluso que la demolición será la reconstrucción del paisaje a su estado original, como exige la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) dictada en 1999 y ratificada por el Tribunal Supremo en 2006. Para la edificación de las viviendas hubo bastante movimiento de tierras, se construyeron bancales y hay terrazas a diferentes niveles, lo que complicará la rehabilitación del terreno.
Con la redacción de los proyectos, que ha costado 33.000 euros, concluye la colaboración del Departament de Cooperació Local del Consell.
En cuestión de dos semanas, se entregarán al Ajuntament por lo menos los tres proyectos redactados. Según las repetidas sentencias, la orden de demolición es contra el Ajuntament de Deià, la administración que dio las licencias de obras a los promotores de las casas.
Tres de los propietarios de las viviendas negaron la entrada de los técnicos para hacer las mediciones hasta que recibieron una orden judicial.