El emblemático edificio del cuartel de los carabineros de la Colònia de Sant Jordi quedó ayer reducido a escombros. | M. Poquet

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El antiguo cuartel de los carabineros de la Colònia de Sant Jordi se convirtió ayer definitivamente en escombros. Aunque las máquinas iniciaron las primeras tareas de derribo del cuartel hace más de un año, las obras fueron paralizadas por el Consell de Mallorca y reanudadas de nuevo unas semanas después para proseguir con la demolición.


No obstante, la desaparición total de la última caserna de este tipo que quedaba en Mallorca se completó ayer por sorpresa, mientras las máquinas borraron las huellas del emblemático edificio, reducido a una montaña de escombros a pesar de la oposición de vecinos y de diferentes colectivos que han luchado por su conservación.
La Associació per a la Revitalització de Centres Antics (ARCA) mostró la «consternación por la destrucción total del cuartel de carabineros» y avisó de que «presentaremos una denuncia contra el alcalde de ses Salines, Bartomeu Lladonet, por la destrucción de patrimonio de manera consciente».


«Insensibilidad»


La entidad manifestó que «con esta destrucción cómplice entre el Ajuntament y el Consell ha quedado demostrada la falta de respeto por el patrimonio más humilde de nuestra isla». Además, ARCA lamentó que «hemos perdido para siempre una huella de nuestra historia reciente por la incultura e insensibilidad de unos políticos que nunca están a la altura».


Asimismo, la asociación remarcó que «es un delito destruir un bien patrimonial a pesar de no esté catalogado» ya que «tiene valores patrimoniales reconocidos por numerosos informes además de lo que emitió el Consell de Mallorca con fecha de 11 de mayo de 2009 al cual se reconocían los valores etnológicos del inmueble».


El derrumbe del cuartel se estableció con el convenio firmado en la pasada legislatura entre el Ajuntament de ses Salines y el Ministerio de Interior. Con este trámite, se prevé dar continuidad a la calle Sol y dividir el actual solar del cuartel en cuatro parcelas más pequeñas. Uno de éstos sería para el Ajuntament y los otros tres previstos pasarían a manos del Ministerio de Interior.