Unas barreras impiden el paso a vehículos y peatones por el puente del Riuet desde el viernes por la noche. | M. Poquet

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El cierre al tráfico del puente del Riuet de Porto Cristo por orden del juez del Tribunal Superior de Justicia de Baleares ha generado una notable indignación entre los vecinos, a pesar de que hasta el 26 de febrero no se podrán comenzar las obras de demolición de la infraestructura.

Si en el momento del precinto del puente unos 300 vecinos se manifestaron contra la decisión judicial, ayer, con las consecuencias de la infraestructura clausurada, los ánimos se iban crispando por momentos. Tanto es así que el boca a boca ha convocado para mañana lunes a las 18 horas, una vez finalizadas las Beneïdes, una nueva manifestación en defensa del puente.

«Es una vergüenza que tengamos el puente cerrado un mes y medio sin que ello beneficie a nadie, que venga el juez a ver el puente y no sentado en su sillón», comentaban un grupo de vecinos que observaban incrédulos la hazaña.

Desde ayer por la mañana, la calle Coves está regulada por dos semáforos que distribuyen el tráfico desde la zona de la carretera de Portocolom y la que proviene del centro de Porto Cristo. El tiempo de espera ya provocaba retenciones cuando aún no ha llegado la temporada turística.

Causas

Aunque casi todos los vecinos consultados por este diario defienden la presencia del puente, la disparidad de opiniones aparece sobre las causas de la sentencia que obliga a su inminente demolición.

«La culpa la tienen los de la finca de pisos ilegales que invadieron la zona donde debía pasar el puente», comentan Catalina Bonet y Margalida Febrer, mientras que otros acusan al Ajuntament de Manacor de haber iniciado los trámites mal y «de no haber sido capaces de llegar a un buen acuerdo con los vecinos afectados», como indica Pep Vallespir.

Además, los vecinos mencionaron el despilfarro de dinero público que supondrá «derribar el puente y volverlo a levantar», unos euros que «saldrán de nuestros bolsillos», según Miquel Amer. «Todas las obras nos afectarán en verano y será un desastre» explica Sebastià Parera, restaurador de la zona afectada.

Todos los partidos políticos esperan que se resuelva si el puente es legal dado que el Parlament lo incluyó en la Ley de Carreteras el pasado verano. Mientras, PSOE y PSM comparten que «aunque estamos en contra de la demolición, desde el Ayuntamiento no se han hecho las cosas bien».