A la derecha, el ex alcalde de Muro, Jaume Perelló, a su llegada a la Audiencia. | Jaume Morey

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El ex alcalde de Muro, Jaume Perelló, admite que inscribió en el censo electoral a un centenar de personas para manipular las Elecciones Municipales de 1999. El ex primer edil compareció ayer ante la Audiencia Provincial de Palma para ser juzgado por un delito electoral. Perelló aceptó los hechos por los que le acusaban la Fiscalía y el Ajuntament de Muro y se conformó con un año de prisión y una multa de dos meses.
La pena impuesta implica que el ex alcalde no ingresará en prisión, dado que no tiene antecedentes penales y la podrá suspender. Tanto la Fiscalía como la acusación particular -ejercida por el abogado Rafael Perera- rebajaron su petición de cárcel de cuatro a un año. Ambas partes reconocieron a Perelló como muy cualificado el atenuante de dilaciones indebidas. El motivo es el prolongado retraso que sufrió la causa durante la instrucción. Los hechos se remontan a 1999, es decir, hace más de once años. La denuncia contra el ex alcalde fue presentada en 2002. Sin embargo, no fue citado a declarar por un juzgado de Inca hasta cuatro años después. Ese retraso sin justificación es el que ha llevado a la rebaja en la pena.
Dilaciones
Para Perelló -defendido por Eduardo Valdivia- el acuerdo supone que se garantiza no ingresar en prisión. Por contra, admite su culpa. Así, antes de las elecciones de 1999 cuando era alcalde del municipio, puso en marcha el empadronamiento de varias personas para que pudieran votarle. Así, alrededor de un centenar de personas quedaron inscritas en domicilios del municipio. En varios casos, gente que no tenía ninguna relación entre sí ocupaba en teoría la misma vivienda o incluso una decena de personas ocupaba una misma finca. Algunas de las direcciones eran simples garajes o eran inmuebles que pertenecían al mismo Perelló.
Según lo manifestado en la instrucción por un funcionario municipal, el propio alcalde recibía en persona en el despacho de la Alcaldía a las personas que iban a ser empadronadas y luego llevaba a los empleados municipales las altas. El comportamiento del alcalde provocó recelos entre varios funcionarios. Así, el secretario municipal rechazó firmar el decreto que incorporaba las altas en el padrón municipal tres días antes de las elecciones. Pocas semanas después de la cita electoral las personas inscritas con la firma del alcalde se dieron de baja del registro municipal. Los hechos dieron lugar a una investigación interna del Ajuntament que organizó una comisión informativa cuyos trabajos desembocaron en la denuncia contra Perelló por delito electoral.
La condena incorpora de forma accesoria la inhabilitación para el acusado para ocupar cargos públicos durante su duración (un año).